EDITORIAL: MAYO, 2024

Sobre la Soberbia de los Políticos en el Poder

Para tomar buenas decisiones, a veces tenemos que recurrir a expertos en la materia, gente más experimentada que haya tenido contacto con el tema, porque usualmente en decisiones complejas no queremos equivocarnos y buscamos la mejor información disponible que nos oriente a llegar al resultado óptimo. Puede que por estar metidos en la vorágine del problema no seamos capaces de mirar con claridad todas las aristas y es útil que alguien nos llame la atención sobre un riesgo no advertido. La lógica dice que se debería agradecer a quien nos ha advertido del error; sin embargo, parece que esto no ocurre en algunas entidades del Estado. Desde hace algún tiempo distintas voces están llamando la atención de lo que viene ocurriendo en varias instituciones del Estado que parecen ser sordas a los consejos y recomendaciones de expertos que, por todos los medios, intenta evitar que se consumen errores que luego vamos a lamentar.

Por ejemplo, tenemos el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y su incapacidad de escuchar al Consejo Fiscal (CF). Desde hace meses el CF viene alertando sobre las malas decisiones que se están adoptando en materia económica, poniendo en riesgo al más relevante y uno de los pocos pilares sólidos en el país. Lejos de escuchar, el Gobierno decidió retirar a quien le resultaba incómodo. Hay que tener en cuenta que estas malas decisiones merman la institucionalidad que cuesta construirlo, y no tienen en cuenta que se puede debilitar hasta perderla en poco tiempo. Una razón por la que ocurren estas cosas, es porque tenemos un Congreso demasiado populista, y el Ejecutivo complaciente con el Congreso, con el fin de que haya una convivencia pacífica entre ambos poderes del Estado, para lograr la supervivencia hasta mediados del 2026, es decir, todo por servir a intereses subalternos y a sus propios intereses. Lamentablemente ya tenemos una consecuencia de esta situación, que consiste en la reciente rebaja de la calificación crediticia de Perú, desde BBB a BBB-, de parte de Standard & Poors, es decir, estamos a un peldaño de pasar de nivel de inversión a nivel especulativo.

También tenemos el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y su incapacidad de escuchar al Colegio de Ingenieros del Consejo de Departamental de Lima (CIPCDL) con relación al trazo propuesto para la Nueva Carretera Central (NCC). El CIPCDL viene advirtiendo desde julio del 2022, que no conviene que el trazo de ascenso a la meseta de Huarochirí lo lleven por la quebrada de Tinajas por su topografía abrupta y la inestabilidad de las laderas, y que mejor lleven el trazo por cumbres, desde La Chutana, con una subida más suave y mayor estabilidad. Sin embargo, no hicieron caso a esto y como consecuencia de ello, la PMO presentó el estudio del trazo propuesto en agosto del 2023, con un costo, como del orden de $ 2300 millones más caro que lo propuesto por el CIPCDL. Esto se ha explicado, sustentado y demostrado en varios artículos pasados en esta revista de COOVIAS.

En abril último, el Congreso aprobó un séptimo retiro del fondo de pensiones en contra de la opinión del Banco Central de Reserva, la Superintendencia de banca, seguro y AFP, el MEF, los gremios empresariales y economistas independientes que mostraron toda clase de argumentos, pero el Congreso no escuchó. Cuando la actual generación de trabajadores se jubile, habrá menos de 2 millones con una pensión, un grupo pequeño con ingresos propios y el resto dependerá de algún familiar, del Estado o de la caridad. Y así, hay varias otras acciones del Congreso que van en contra del desarrollo económico, de la calidad de la educación, etc.

Finalmente, y para no extendernos mucho, tenemos el caso del Alcalde Lima, López-Aliaga, quien no prioriza adecuadamente las inversiones en infraestructura, pues pretende construir varios viaductos elevados para vehículos particulares, no solo sin un previo análisis integral, sino, que además, las inversiones en autopistas terminan empeorando el tráfico, pues atraen más vehículos que su capacidad, a menos que se concesionen y se autofinancien con el peaje de los usuarios, pero para ello se requiere estudiar la demanda y establecer el peaje telemático en toda la red de autopistas de la Metrópoli de Lima. Lo que López-Aliaga debiera estar enterado, es que la inversión correcta en transporte público masivo, no solo mejora el flujo del tráfico en la ciudad, sino que además, tienen mayor rentabilidad social que la inversión en autopistas para vehículos ligeros. Esto y varias otras cosas más, quisimos explicarle y asesorarle en la Comisión de Transportes del CIPCDL al alcalde actual, a los pocos meses que inició en su cargo, sin embargo, no le interesó y ahora insiste en sus decisiones anti-técnicos, y para colmo, endeudando a la municipalidad y en consecuencia al Estado que ha aceptado ser garante.