HACIA INFRAESTRUCTURAS EXITOSAS: DIEZ RETOS CLAVE PARA LA GOBERNANZA Y OPCIONES DE POLÍTICA

Las infraestructuras suponen un reto de gobernanza…

Infraestructuras públicas de calidad ayudan al crecimiento, a la mejora del bienestar y a la creación de puestos de trabajo. Sin embargo, la inversión en infraestructuras es compleja: el camino desde la concepción del proyecto hasta la construcción y explotación de la infraestructura es largo y está plagado de obstáculos y dificultades. Una de las principales razones por las que, con frecuencia, los proyectos de infraestructura no cumplen con el calendario y el presupuesto establecidos ni con los objetivos previstos sobre el suministro de servicios, es una gobernanza deficiente. Una encuesta de la OCDE sobre la formulación de políticas de infraestructuras pone de relieve que, con independencia de la forma en que se suministran los servicios de infraestructuras públicas, todos los países se enfrentan a los mismos retos.

Los retos de gobernanza son diversos y están presentes a lo largo de todo el ciclo de política.

Diseñar una visión estratégica es fundamental, pero resulta una tarea difícil. Muchos países, en vez de contar con una estrategia integrada, dependen de planes sectoriales. Los proyectos de infraestructura se ven expuestos a la corrupción, la captura y la mala gestión a lo largo del ciclo de la infraestructura; aunque la mayoría de los países así lo reconoce, los instrumentos de integridad existentes dejan, con frecuencia, vacíos sin cubrir.

Cuando no se formalizan suficientemente los procesos para identificar proyectos prioritarios y elegir la modalidad de suministro, las dinámicas políticas pueden llegar a impedir que se adopten decisiones racionales con respecto a las infraestructuras.

La falta de un proceso de consulta bien gestionado puede hacer que hasta los mejores proyectos fracasen. Aunque es habitual llevar a cabo dicha consulta durante la fase de preparación, no es así cuando se trata de fijar una visión de conjunto, identificar inversiones prioritarias o evaluar necesidades.

Pese a que la mayoría de las inversiones públicas se realiza a nivel subnacional, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno resulta difícil. Esta situación aumenta el riesgo de despilfarro de recursos y de una integración deficiente de los servicios.

La incertidumbre con respecto a los flujos y fuentes de ingresos puede mermar la confianza en la asequibilidad del proyecto.

La toma de decisiones a largo plazo puede verse afectada por la existencia de marcos regulatorios cambiantes. Los reguladores desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar que los proyectos resulten atractivos para los inversores; sin embargo, su papel es limitado cuando se trata de orientar la formulación de políticas.

La toma de decisiones basada en evidencia y la divulgación de información resultan difíciles debido a la ausencia de una recopilación sistemática de datos sobre desempeño. Las unidades centrales de infraestructuras suelen centrarse en el suministro del bien, y los auditores pocas veces son responsables del seguimiento del desempeño. La falta de divulgación de información sobre los contratos y la posterior explotación de las infraestructuras suele aumentar las preocupaciones sobre la existencia de fraude y la falta de transparencia.

*Encuesta realizada a 25 países de la OCDE.

Reto 1. Desarrollar una visión estratégica sobre infraestructuras

Establecer una visión estratégica nacional a largo plazo que aborde las necesidades de servicios de infraestructura. Una buena estrategia debe ofrecer directrices para satisfacer estas necesidades, guardando siempre cierto margen de ajuste para adaptarse a medida que se cuenta con más información. La estrategia debe contar con apoyo político y estar coordinada en los distintos niveles de gobierno. Además, debe tener en cuenta los puntos de vista de las partes interesadas y estar basada en supuestos claros.

¿Por qué es importante?

Para que un programa de infraestructuras tenga éxito se necesita una planificación estratégica adecuada. Para ello se requiere identificar las inversiones que deben llevarse a cabo, determinar los componentes, necesidades y contrapartidas fundamentales, así como definir los criterios de priorización. Si, por el contrario, la planificación es poco sólida o deficiente será difícil que la implementación y la explotación de la infraestructura, en etapas posteriores del ciclo de proyecto, resulten satisfactorias. La dificultad para diseñar una visión estratégica clara y coherente se debe principalmente a la compleja naturaleza de la inversión en infraestructuras.

La cuestión de las infraestructuras es transversal a varias instituciones, jurisdicciones, niveles de gobierno, áreas de política y disciplinas profesionales, y resulta difícil englobar todas ellas en una visión coherente. Los análisis suelen realizarse en compartimentos estanco que representan a las distintas partes interesadas.

• El desarrollo de infraestructuras atiende a múltiples objetivos de política, como el crecimiento, la productividad, la asequibilidad, el desarrollo inclusivo y los objetivos medioambientales, que se encuentran potencialmente enfrentados.
• Las infraestructuras, que tienen un impacto a largo plazo y períodos largos de gestación, necesitan previsibilidad y un análisis riguroso; los ciclos políticos y económicos, que varían con intensidad en el tiempo, afectan considerablemente a las infraestructuras.
• Una buena planificación de infraestructuras debe identificar los aspectos complementarios necesarios entre sectores. Es por ejemplo el caso de las inversiones en vivienda, que tienen que verse complementadas con una adecuada inversión en redes de transporte (OCDE, 2014).

Cuestiones clave de política

• ¿Se basa la inversión en infraestructuras a medio y largo plazo en una visión de gobierno completo?
• ¿Hay establecido un procedimiento para generar, supervisar y adaptar una visión nacional estratégica sobre infraestructuras?
• ¿Existe una unidad o institución determinada responsable de supervisar, generar, evaluar, estimar costes y crear debate en torno a la política de infraestructuras?
• ¿Existen herramientas y procesos adecuados que conecten la asignación de recursos públicos con la visión estratégica sobre infraestructuras?

Indicadores de referencia

• Existencia de un plan estratégico de infraestructuras.
• Marcos estratégicos para la implementación de inversiones públicas.
• Asignación presupuestaria para proyectos planificados.
• Unidades o procesos específicos.
• Existencia de comisiones o plataformas interdepartamentales o interministeriales para el diseño de estrategias de infraestructuras.

Reto 2. Gestionar las amenazas para la integridad

Para cada etapa del proyecto público de infraestructura deben detectarse los posibles puntos de entrada de corrupción y fortalecer los mecanismos de integridad y anticorrupción. Para afrontar los riesgos relacionados con la integridad es fundamental un enfoque de gobierno completo.

¿Por qué es importante?

Los proyectos gubernamentales de infraestructura se ven con frecuencia rodeados de alegaciones de corrupción. El grado de discreción de los servidores públicos sobre las decisiones de inversión, la escala y complejidad de los proyectos, así como la multiplicidad de etapas y partes interesadas aumentan la vulnerabilidad a la corrupción de los proyectos de infraestructura. Según la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST), entre el 10 y el 30 por ciento de la inversión en un proyecto de construcción financiado por el sector público puede llegar a perderse debido a la mala gestión y a la corrupción (COST, 2012). En la Unión Europea, se estima que la corrupción detrae de la economía 120 000 millones de euros al año (Comisión Europea, 2014). El Informe de la OCDE sobre Cohecho Internacional (2015) sugiere también que casi el 60 por ciento de los casos de cohecho internacional se producen en cuatro sectores muy relacionados con las infraestructuras: minería/extracción (19%), construcción (15%), transporte y almacenamiento (15%) e información y comunicación (10%).

La imparcialidad, la prudencia presupuestaria y la relación costo-eficacia pueden verse afectadas cuando los políticos apoyan infraestructuras que benefician de forma desmesurada a sus donantes, o al núcleo de su base electoral, a expensas de la sociedad en su conjunto.

Un enfoque de gobierno completo es fundamental para afrontar de forma efectiva los riesgos para la integridad. La corrupción puede darse en todas las fases de un proyecto de infraestructura, como las de selección, contratación pública e implementación, y puede afectar a los servidores públicos electos y no electos, los grupos de interés, las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los reguladores, los contratistas, los ingenieros y los proveedores. El Marco de la OCDE para la Integridad de las Inversiones Públicas (OECD Integrity Framework for Public Investment, 2016) propone una serie de medidas para proteger la integridad en todas las fases de los proyectos de infraestructura.

Cuestiones clave de política

¿Existen medidas para…?

• Evitar que los servidores públicos y los empleados del sector privado acepten o exijan sobornos.
• Identificar de forma adecuada y gestionar posibles situaciones evidentes de conflicto de intereses.
• Regular y limitar el uso de información confidencial por parte de los servidores públicos.
• Evitar que se seleccione una inversión pública que favorezca a un grupo de interés o individuo concreto por encima del interés público.
• Garantizar la objetividad y la credibilidad de los estudios de viabilidad social, económica y medioambiental.
• Limitar la influencia de posibles operadores privados, empresas de construcción y prestamistas.
• Asegurar que los documentos y expedientes de las licitaciones no se diseñen de forma restrictiva o que se redacten a medida.
• Evitar la manipulación de las licitaciones, las prácticas colusorias o los acuerdos de reparto del mercado de contratos futuros en una inversión pública.

Garantizar que los encargados de llevar a cabo las auditorías dispongan de la capacidad y los recursos adecuados para realizar dichas auditorías de forma fiable y oportuna, así como para mantenerse aislados de toda manipulación del proceso de auditoría.

Indicadores de referencia

• Políticas adecuadas para evitar conflictos de intereses de los servidores públicos (prohibición de ejercer determinadas actividades o tener ciertos intereses; medidas aplicables tras la separación del servicio; declaración de información; servicios de asesoramiento).
• Sistema de controles internos y de comunicación de información financiera que permita supervisar e identificar irregularidades.
• Medidas de control de la integridad de las empresas que quieren contratar con organismos públicos.
• Existencia de mecanismos para informar sobre conductas ilícitas relacionadas con proyectos de infraestructura.
• Presencia de suficientes recursos técnicos en la organización responsable de llevar a cabo las licitaciones públicas.
• Existencia de límites a las contribuciones políticas y límites de gasto en relación con las campañas electorales a nivel nacional.
• Presencia de normas que regulen las actividades de los grupos de presión y garanticen que estos actúen con transparencia.

Reto 3. Elegir la modalidad de suministro de la infraestructura

Al elegir cómo se suministra un servicio de infraestructura, es decir, la modalidad de suministro, el gobierno tiene que equilibrar los aspectos políticos, sectoriales, económicos y estratégicos. La determinación de este equilibrio debe guiarse por la legitimidad, la asequibilidad y la relación coste-prestación.

¿Por qué es importante?

La elección de cómo se suministra la infraestructura y de quién debe estar a cargo de su desarrollo tiene implicaciones para el control discrecional del sector público, la relación coste-prestación y la asequibilidad. Sin embargo, en muchos países, la elección de modalidad se basa a menudo en la costumbre y carece de criterios específicos, tanto para las opciones tradicionales de financiación de infraestructuras como para las alternativas privadas.

No existe un criterio único. El gobierno identifica la modalidad más eficiente de suministro (obras públicas, asociaciones público-privadas o diferentes enfoques híbridos) según la distribución de riegos y el nivel de control que quiere ejercer. Evaluar los costes y los beneficios de las diferentes modalidades de suministro de infraestructuras permite a los países considerar de nuevo las opciones de las que disponen. Así, si lo que se pretende es favorecer la relación coste-eficiencia, quizás resulte beneficioso utilizar los mecanismos de mercado, siempre y cuando las circunstancias del país sean adecuadas y exista un mercado competitivo. El marco que aquí se presenta ofrece un proceso en tres etapas que se basa en criterios sectoriales, criterios sobre el país (niveles nacional/subnacional) y criterios del proyecto. Se propone que los países:

• Evalúen de qué manera las circunstancias del país (economía política, capacidades del gobierno, capacidades del sector privado, entorno jurídico propicio, etc.) pueden afectar al sector.
• Establezcan uno o varios enfoques sectoriales específicos, tras evaluar los objetivos de la política y las características del sector.
• Elijan un modelo de suministro que se base en las características del proyecto y en el enfoque general.

Cuestiones clave de política

• ¿Cuál es el alcance de los fallos de mercado?
• ¿Cuál es el grado de susceptibilidad del sector a los aspectos políticos?
• ¿Qué se caracteriza un entorno público, privado y legal propicio?
• ¿Cuál es el tamaño y el perfil de financiación de la inversión?
• ¿Qué posibilidad existe de recuperar los costos?
• ¿Qué nivel de control quiere mantener el gobierno?
• ¿Se pueden identificar, evaluar y distribuir los riesgos de forma apropiada?

Lista de verificación para determinar la forma adecuada de suministro

Tamaño y perfil del proyecto:

• ¿El desembolso inicial de capital es elevado y el periodo de recuperación largo?
• ¿El tamaño del proyecto es lo suficientemente grande como para justificar los costos legales, técnicos y financieros adicionales de una APP?
• ¿Pueden producirse ahorros en la fase de explotación del proyecto si se mejora la calidad en la fase de diseño y construcción?
• ¿Justifican estos ahorros los costos de transacción adicionales que supone unificar en un solo contrato la construcción, la explotación y el mantenimiento?

Ingresos y utilización:

• ¿Pueden cobrarse tarifas de uso? ¿Son asequibles para la mayoría de los usuarios? ¿Son aceptables desde un punto de vista político?
• ¿Son suficientes las tarifas de uso para cubrir la mayor parte del capital y los costos de explotación?
• ¿Se puede supervisar la utilización?
• ¿Se puede medir y especificar de forma eficiente la cantidad y calidad de los insumos del proyecto?
• ¿Se necesitará innovar en el diseño para conseguir mejoras en la eficiencia y en la relación coste-prestación?

Riesgos:

• ¿Cuál es el grado de incertidumbre sobre las condiciones tecnológicas y sociales futuras?
• ¿Cómo se distribuyen los riesgos?
• ¿Se puede predecir aproximadamente la demanda a lo largo del ciclo de vida del proyecto?
• ¿Quién está mejor situado para influir en la demanda del servicio basado en la infraestructura?
• ¿Puede y está dispuesto a asumir el sector privado, de forma parcial o en su totalidad, el riesgo asociado a la demanda?
• ¿Existen riesgos concretos para la integridad, en términos de corrupción e influencia indebida, que requieran una especial atención?

Reto 4. Garantizar un diseño regulatorio adecuado

Para garantizar que una infraestructura sea sostenible y asequible a lo largo de la vida del activo es necesario que el diseño regulatorio y el suministro sean adecuados.

¿Por qué es importante?

La incertidumbre sobre las «reglas del juego» o la escasa calidad de las mismas tendrán un efecto sobre las decisiones de inversión, mantenimiento, actualización y desmantelamiento de una infraestructura y, en último término, afectarán a la calidad del suministro del servicio. Con frecuencia, los proyectos abarcan diversas áreas de política, varios estratos de legislación y regulación, y distintos niveles de gobierno.

Es posible que ni el sector público ni los posibles inversores confíen en la asequibilidad del proyecto si existe incertidumbre con respecto a los flujos de ingresos (tarifas o tasas de uso) y fuentes de financiación (subvenciones presupuestarias) a lo largo del ciclo de vida del activo. El establecimiento de tasas de uso es una tarea difícil y muy política. Será un reto si existen asimetrías de información entre los gobiernos y los operadores sobre, por ejemplo, costos de capital, depreciación del activo y preferencias de los consumidores. Las decisiones sobre inversión no estarán basadas en una visión acertada si, por ejemplo, las tarifas no cubren la depreciación a largo plazo de los bienes de capital; como consecuencia, es posible que la infraestructura no reciba el mantenimiento y las actualizaciones que necesita. También, la asignación de subvenciones con cargo al presupuesto público puede ser un proceso complicado en momentos de dificultades presupuestarias.

Aunque los reguladores rara vez participan en las decisiones sobre la estructura de mercado, se espera de ellos que acompañen y supervisen la implementación de importantes cambios de política que afectan a las infraestructuras, como son la desregulación, la separación de actividades, la privatización o la regulación de tarifas. La información que recaban y utilizan para establecer tarifas puede ayudar a abordar las asimetrías de información. Los reguladores pueden aportar una visión económica o funcional consolidada del sector o de un proyecto específico, ayudando así a eliminar algunos de los vacíos de coordinación que pueden existir entre los distintos actores que participan en la gobernanza de la infraestructura. La gobernanza de los reguladores también puede considerarse como el reflejo de la calidad del régimen de inversiones en infraestructuras en general; esto resulta especialmente importante si se percibe que el regulador adopta sus decisiones basándose en criterios objetivos, imparciales y coherentes, sin caer en conflictos de interés, prejuicios ni influencias indebidas.

Cuestiones clave de política

• ¿Contribuye el marco regulatorio general sobre infraestructuras a la buena gobernanza de la infraestructura?
• ¿Los diferentes niveles de requisitos regulatorios son excesivamente gravosos?
• ¿Existe una coordinación apropiada entre los distintos órganos regulatorios, así como mecanismos de cooperación transfronteriza entre reguladores?
• ¿Están las funciones, facultades y capacidades de los reguladores en línea con su papel en el proceso más general de autorización y aprobación de la infraestructura?
• ¿De qué datos e información fundamentales, como por ejemplo los costos del capital, la depreciación del activo y la base de consumidores de la infraestructura, se dispone para poder establecer tarifas?
• ¿Facilita la gobernanza general de los reguladores la seguridad y la confianza en el régimen de inversiones en infraestructuras?

Indicadores de referencia

Uso de herramientas basadas en evidencia para adoptar decisiones regulatorias:

• Evaluación de impacto.
• Evaluación ex post.

Gobernanza de los reguladores:

• Independencia.
• Rendición de cuentas.
• Ámbito de acción de los reguladores.

Reto 5. Integrar un proceso de consulta

El proceso de consulta debe adecuarse al tamaño del proyecto y tener en cuenta el interés público general y los puntos de vista de las diferentes partes interesadas. El proceso debe tener una base amplia, fomentar el diálogo y apoyarse en el acceso público a la información y las necesidades de los usuarios.

¿Por qué es importante?

Las infraestructuras tienen un gran impacto sobre las comunidades y la falta de un proceso de consulta bien gestionado puede hacer que hasta los mejores proyectos fracasen. Las consultas que se realizan en países democráticos deben tener en cuenta que los representantes electos y los ejecutivos actúan de forma oportuna en nombre del bien público.

Las políticas, las normativas y los grandes proyectos de infraestructura deben desarrollarse de forma abierta y transparente, con procedimientos apropiados y ampliamente publicitados que permitan obtener, de forma oportuna, las aportaciones objetivas de las distintas partes interesadas locales, nacionales y, si fuera relevante, extranjeras. Los procesos de consulta fomentan la legitimidad del proyecto entre las partes interesadas. Además, una consulta pública bien ejecutada y estructurada no solo favorece el sentimiento de responsabilidad compartida del proyecto de infraestructura, sino que también ofrece a las diferentes comunidades la oportunidad de defender los beneficios de sus infraestructuras y de incentivar el buen desempeño de las mismas (Butcher, 2014). Sin embargo, pese a que la consulta y la participación de los ciudadanos son necesarias para una buena gobernanza, esta empresa no resulta fácil. Para evitar la captura por parte de intereses específicos, los responsables de la toma de decisiones tienen que ponderar constantemente los distintos puntos de vista. La contribución del proyecto de infraestructura a la consecución de resultados de política, para la sociedad en su conjunto, debe resaltarse para compensar los puntos de vista de las partes interesadas afectadas de forma negativa por dicho proyecto. Así, las consultas deben organizarse de forma que el proceso termine puntualmente y se evite que la política se vea capturada o que sucedan otro tipo de distorsiones.

Cuestiones clave de política

• ¿Existe una estrategia de gobierno abierto o de consulta?
• ¿Se consultan grupos de partes interesadas específicas a lo largo de las distintas fases de los proyectos de infraestructura?
• ¿Existen mecanismos de diálogo estructurado que garanticen una consulta pública sistemática?
• ¿Existen mecanismos formales para que el público participe en la supervisión e implementación de las inversiones de infraestructura durante la fase de construcción y una vez terminada?
• ¿Existe un foro, proceso o procedimiento para determinar el equilibrio entre los intereses de las partes interesadas y el bien público?

Indicadores de referencia

• Estrategia o directrices de gobierno nacional abierto (específica para las inversiones en infraestructura o que pueda aplicarse a ellas).
• Identificación de las partes interesadas.
• Foros de consulta de las partes interesadas o programas de presupuestos participativos.
• Sitios web u otros instrumentos de divulgación.
• Procedimientos de auditoría participativa.

Reto 6. Coordinar la política de infraestructuras entre los distintos niveles de gobierno

La política de infraestructuras necesita mecanismos de coordinación sólidos dentro de cada nivel de gobierno y entre ellos. Los mecanismos de coordinación deben fomentar el equilibrio entre una perspectiva de gobierno completo y los distintos puntos de vista sectoriales y regionales.

¿Por qué es importante?

La inversión pública suele involucrar distintos niveles de gobierno en alguna fase del procesos de inversión, ya sea debido a que las competencias son compartidas o a que se realizan acuerdos de financiación conjunta. Los gobiernos subnacionales (estados federados, regiones y localidades) asumen casi el 60% de la inversión pública total en el territorio de la OCDE (OCDE, 2016). La mayor parte de esta inversión se destina a infraestructuras. La proporción de inversión pública subnacional oscila entre el 13% en Chile y el 95% en Canadá.

La colaboración entre jurisdicciones y niveles de gobierno en las estrategias de inversión pública resulta difícil, incluso en situaciones en las que los actores participantes reconocen con claridad que es necesaria. Ejemplos de elementos que obstaculizan los esfuerzos por reunir a los gobiernos en torno a un proyecto son los costos de transacción, las presiones competitivas, la limitación de recursos, prioridades diferentes y temores a que la distribución de los costos o beneficios de la cooperación no sea justa.

El gobierno nacional desempeña un papel estratégico clave en la definición de las prioridades de inversión, en fortalecer las capacidades de los distintos niveles de gobierno participantes en la gestión de la inversión pública, y en garantizar que el marco para la gobernanza de las inversiones públicas cuente con condiciones sólidas.

La cooperación horizontal entre gobiernos subnacionales es también importante para conseguir economías de escala. Pese a que los posibles beneficios de la coordinación entre jurisdicciones parezcan evidentes, para la mayoría de los gobiernos subnacionales encuestados (encuesta OCDE-CoR) la coordinación sigue siendo un reto importante. Más de las tres cuartas partes de los participantes en la encuesta señalaron que carecen de una estrategia de inversión conjunta con ciudades o regiones vecinas.

La coordinación entre jurisdicciones puede adoptar diversas formas. El enfoque apropiado dependerá de las características de la localidad o región así como de qué objetivos de política y qué inversión o inversiones se están considerando. Esta coordinación puede articularse, por ejemplo, en plataformas de diálogo, mediante la consolidación de planes de gobiernos subnacionales o a través de incentivos financieros por parte del gobierno nacional. Otra forma de coordinación horizontal es la mutualización de la financiación del capital, de forma que se facilite el acceso a la financiación.

Cuestiones clave de política

• ¿Se distribuyen de forma clara y coherente las competencias relacionadas con el desarrollo de infraestructuras entre los distintos niveles de gobierno?
• ¿Corresponden las necesidades financieras con los mandatos de los gobiernos subnacionales para el desarrollo de infraestructuras?
• ¿Cuáles son los principales retos de coordinación de la política de infraestructuras entre los niveles de gobierno?

• ¿Cuáles son los instrumentos para la coordinación presupuestaria y de política entre los niveles de gobierno?
• ¿Qué instrumentos de gobernanza o incentivos presupuestarios fomentan la coordinación entre jurisdicciones en materia de inversión en infraestructuras? ¿Funcionan adecuadamente?

Indicadores de referencia

• Mecanismos u organismos formales de coordinación de la inversión pública entre los niveles de gobierno.
• Los organismos o mecanismos de coordinación tienen un enfoque multisectorial (en diversos ministerios o departamentos).
• Los mecanismos de coordinación se utilizan con frecuencia y producen resultados claros.
• Acuerdos de financiación conjunta para la inversión en infraestructuras.
• Los niveles superiores de gobierno ofrecen incentivos para la coordinación entre jurisdicciones.

Reto 7. Proteger la asequibilidad y la relación coste-prestación

Los gobiernos deben garantizar que los proyectos de infraestructura sean asequibles y que el monto total de inversiones sea sostenible. El activo tiene que ofrecer una buena relación coste-prestación. Para conseguirlo, se requieren procesos específicos, una organización preparada y capacidades adecuadas.

¿Por qué es importante?

El responsable de la toma de decisiones debe garantizar que la infraestructura pública sea asequible. Para ello, es necesario que exista un vínculo sólido entre la fase de desarrollo del proyecto y el marco presupuestario del país. El gasto total en infraestructuras de un país y los riesgos presupuestarios asociados en términos de garantías deben basarse en previsiones presupuestarias a medio y largo plazo que se actualicen con regularidad. Si se pretende que sean los usuarios quienes financien el proyecto, deberá realizarse una detenida investigación sobre la capacidad y la disposición de los usuarios a pagar. Para evaluar con detenimiento la relación coste-prestación global, se tendrá que utilizar una combinación de herramientas cuantitativas (como el análisis coste-beneficio) y cualitativas que busque establecer cuál es la rentabilidad general de la inversión para la sociedad. Aunque, por su naturaleza, este proceso se basa en supuestos abiertos a discusión, el proceso tendrá valor siempre que se trate dichos supuestos de forma transparente.

Mediante este proceso, los responsables de la toma de decisiones podrán priorizar los proyectos que maximicen el valor generado para la sociedad en su conjunto. Una cuestión concreta que hay que gestionar es que muchos políticos prefieren construir proyectos con gran visibilidad en vez de invertir en el mantenimiento y actualización de activos ya existentes. En muchas ocasiones, este hecho impide obtener una buena relación coste-prestación.

Respecto a la relación coste-prestación relativa, algunas modalidades de contratación pública de infraestructuras ofrecen una mejor relación en comparación con otras formas, dependiendo de las capacidades de los sectores público y privado, el grado de certidumbre sobre los rendimientos futuros y la distribución de riesgos y controles que se busca. Ante las muchas posibilidades de inversión existentes, el gobierno tiene que priorizar los proyectos que contribuyan a alcanzar sus objetivos de desarrollo. También, el desarrollo de una cartera de proyectos debe basarse en las capacidades del propio gobierno y en el mercado donde obtener una posible financiación. El marco para la contratación pública de infraestructuras debe evitar favorecer de forma excesiva ciertas modalidades de contratación por cuestiones como la tradición, la existencia de subvenciones especiales, las normas de contabilidad vigentes, etc.

Cuestiones clave de política

• ¿Se integra el proceso de contratación pública de infraestructuras en el proceso presupuestario ordinario?
• ¿Existe una estrategia a largo plazo sobre infraestructuras? ¿Está vinculada a previsiones presupuestarias a largo plazo?
• ¿Existe un proceso, entre sectores y en cada sector, para el establecimiento de prioridades?
• ¿Se realiza un análisis coste-beneficio?
• ¿Se analizan las distintas modalidades de suministro de forma que se garantice una buena relación coste-prestación?
• ¿Se realiza un análisis de asequibilidad?
• ¿Existen unidades específicas y disponen los responsables de la toma de decisiones de capacidades relacionadas con la estrategia, la contratación pública y la supervisión del desempeño de las infraestructuras?

Indicadores de referencia

• Existencia de un documento sobre estrategia de infraestructuras.
• Unidad de Asociaciones Público Privadas (APPs) o de infraestructuras.
• Autoridad Presupuestaria Central que dé luz verde a los proyectos de infraestructuras.
• Institución Suprema de Auditoría.
• Requerimiento formal de mantener pasivos contingentes y gastos de explotación.
• Normas de contabilidad.

Reto 8. Generar, analizar y divulgar datos pertinentes

La política de infraestructuras debe basarse en datos pertinentes. Los gobiernos tienen que establecer sistemas para la recopilación sistemática de datos pertinentes y asegurar que recaiga en el nivel institucional la responsabilidad de llevar a cabo el análisis, la divulgación y el aprendizaje a partir de dichos datos. Esta información pertinente debe hacerse llegar al público en un formato accesible y de forma oportuna.

¿Por qué es importante?

Casi todos los países utilizan algún tipo de análisis numérico sobre la relación coste-prestación para decidir si llevar a cabo una inversión concreta y la modalidad de suministro. Los análisis coste-beneficio, las metodologías para realizar estudios de la viabilidad y los Comparadores del Sector Público (Public Sector Comparator, PSC) se basan en supuestos y datos verificados, que pueden ser tanto elementos cuantitativos como cualitativos. El elemento fundamental para que los análisis sobre la relación coste-prestación sean sólidos son los datos. Desafortunadamente, no existe una recopilación sistemática de datos sobre los costes y el desempeño de los activos de infraestructuras. Pese a que muchos países sí recogen información, la mayor parte de los datos necesarios para comparar los costes generales de financiar proyectos mediante distintos mecanismos alternativos no se recopilan, procesan o divulgan de forma sistemática.

Esta falta de recopilación y publicación sistemática de datos impide también supervisar el desempeño de los activos de forma eficaz. No obstante, se está desarrollando para este fin con rapidez el uso de indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators, KPI). Estos indicadores resultan ser una importante herramienta para la supervisión y evaluación mediante puntos de referencia del desempeño de la infraestructura en su fase de suministro. Sin embargo, como muestra por ejemplo la experiencia en el sector del agua, el desarrollo de estos indicadores se enfrenta a la dificultad de conseguir acordar una metodología común, así como a la capacidad, tanto de los reguladores como de la parte que presta el servicio público, para ofrecer una información relevante y de calidad en la que se puedan basar los procesos clave.

Esta ausencia de recopilación de datos impide también que haya un aprendizaje ex post sistemático, aunque algunas Instituciones Supremas de Auditoría (ISA) están abordando este vacío. Lo ideal sería que las ISA auditaran y evaluaran ex post el desempeño, la financiación y el cumplimiento de proyectos individuales y, quizás, el programa de infraestructuras en general; pero esto requiere recursos y herramientas específicas. Para mejorar la transparencia, la confianza y la relación coste-prestación, el gobierno debería por su cuenta divulgar datos fundamentales, entre los que se incluirían datos presupuestarios clave, de forma oportuna y adecuada.

Cuestiones clave de política

• ¿Existe un sistema obligatorio de recopilación sistemática de datos pertinentes, tanto financieros como no financieros, durante el desarrollo del proyecto?
• ¿Existe un sistema obligatorio de recopilación de datos financieros y no financieros sobre el desempeño de la infraestructura?
• ¿Existen suficientes datos para permitir la comparación de distintas formas de suministro de infraestructuras? ¿Esta comparación se basa en datos?
• ¿Se hacen públicos datos financieros y no financieros (ex ante y durante el desempeño) sobre el proyecto?

Indicadores de referencia

• Unidad central (Unidad Central de Infraestructuras, Autoridad Presupuestaria Central) que recopila, divulga y analiza los datos.
• La modalidad de suministro y los proyectos se seleccionan según los datos.
• Datos sobre los flujos de inversión en infraestructuras (desglosados por sectores).
• Datos sobre el volumen de inversión en infraestructuras (desglosados por sectores).

Reto 9. Asegurarse de que el activo desempeñe su función durante toda su vida útil

Establecer sistemas e instituciones de supervisión que pongan la atención en el desempeño del activo a lo largo de toda su vida útil.

¿Por qué es importante?

Resulta difícil supervisar el desempeño del suministro del servicio de infraestructura, y con ello mantener la relación coste-prestación, a lo largo de todo el funcionamiento del activo. El estudio de la OCDE sobre la gobernanza de los reguladores del agua (OCDE, 2015) destaca que asignar un regulador fortalece el interés público, fomenta que los proveedores de servicios se comporten de forma más responsable y posibilita un proceso independiente de fijación de precios. Los países son conscientes de estos retos. Algunos de ellos han respondido mediante la mejora de las competencias de las unidades sectoriales y de los reguladores, y la racionalización del papel y disponibilidad de asesores especializados. Otros han creado unidades específicas, en concreto en el campo de las APP, de base contractual, que cuentan cada vez con una mayor competencia en el campo de las infraestructuras en general.

La responsabilidad de identificar posibles problemas durante la fase operativa del proyecto recae principalmente en el ministerio o agencia competente. No obstante, las agencias centrales, como son la Autoridad Presupuestaria Central, la Institución Suprema de Auditoria y las autoridades regulatorias, deben también desempeñar su papel en esta área y conservar un nivel adecuado de responsabilidad durante la fase operativa. Debe prestarse una atención especial a los acuerdos contractuales y a la capacidad de supervisión en etapas posteriores del proyecto; en este sentido, debe garantizarse que los incentivos no se deterioren a medida que el coste de no cumplimiento disminuye. También hay que asegurarse de que, durante la renegociación de los contratos, se mantenga la relación coste-provisión.

Cuestiones clave de política

• ¿Existe una estrategia que garantice el desempeño del activo durante toda su vida útil?

• ¿Son responsables los departamentos competentes, los reguladores del sector o la Institución Suprema de Auditoría de supervisar el desempeño del activo?
• ¿Existen programas de formación y capacitación de las instituciones pertinentes?
• ¿Se enuncia en las APP o los contratos de concesión el rendimiento y los resultados exigidos?

Indicadores de referencia

• Documento de política que garantice el desempeño de los activos regidos por una agencia (regulador del sector) o por un contrato con el departamento competente o similar.
• Estrategia de renegociación.
• Evaluación ex post de la relación coste-prestación.

Reto 10. Las infraestructuras públicas tienen que ser resilientes

Los sistemas de infraestructuras deben ser resilientes, capaces de adaptare a nuevas circunstancias y estar orientados a perdurar en el futuro. La aparición de riegos críticos y los cambios tecnológicos pueden afectar de forma importante a sectores y economías.

¿Por qué es importante?

Los desastres ocurridos en los últimos años han puesto de manifiesto los considerables impactos socioeconómicos que estos tienen y sus consecuencias para los ciudadanos, quienes se ven forzados a vivir, durante largos periodos, sin agua potable, electricidad o comunicaciones fiables y sin la movilidad que proporcionan las infraestructuras. Los fallos en estos sistemas fundamentales provocan la interrupción de servicios básicos (servicios de salud, alimento, combustible, sistemas de pago), lo que agrava las dificultades sociales provocadas por los desastres, y también grandes efectos económicos al impedir los desplazamientos por motivo de trabajo y la movilidad de las existencias. Entre los ejemplos más recientes se encuentra el Gran terremoto de Japón oriental en 2011, que provocó el cierre de los reactores nucleares y una reducción de hasta el 50% de la producción eléctrica.

También el Huracán Sandy, que inundó las principales carreteras y túneles que conectan los distritos de Brooklyn y Manhattan, así como el tren, el metro y las líneas eléctricas; 5,4 millones de personas que se desplazan diariamente entre su casa y el trabajo se quedaron sin medio de transporte, y más de 8 millones de hogares sufrieron cortes eléctricos, algunos de ellos durante ocho semanas.

Existen dependencias e interdependencias funcionales entre los distintos sectores de infraestructuras críticas, por lo que resulta esencial que un marco de gobernanza asegure la aplicación de medidas de resiliencia en todos estos sectores. Los daños producidos en un activo, por ejemplo en la distribución eléctrica, pueden provocar interrupciones en varios sectores, como la purificación del agua. Como el porcentaje de infraestructuras críticas propiedad o explotadas de forma privada es elevado, es necesario que exista una colaboración entre los gobiernos y el sector privado. Entre los enfoques de gobernanza complementarios a la regulación se incluyen los que fomentan que se realicen intercambios regulares, que se comparta la información, que se genere una confianza mutua y que se produzca un reparto de los costes públicos de la inversión privada en resiliencia de las infraestructuras críticas.

Cuestiones clave de política

• ¿Existen políticas para garantizar que los activos de infraestructuras clave sean resilientes a los desastres?
• ¿Están diseñadas las estructuras clave para aguantar un impacto predecible? ¿Existen sistemas alternativos o redundantes?
• ¿Existe capacidad de gestión para identificar opciones, priorizar acciones y comunicar decisiones a las personas que deberán implementarlas?
• ¿Existen herramientas para aprender de los sucesos pasados?

Indicadores de referencia

• Existencia de un plan de evaluación de riesgo de desastres.
• Presencia de autoridades específicas responsables de abordar los desastres.

PRÓXIMOS PASOS

La OCDE trabaja junto a los países, mediante revisiones, diálogos políticos y recopilación de información, en la identificación, mitigación y gestión de las cuestiones relacionadas con la gobernanza de las infraestructuras.

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ACERTAR CON LAS INFRAESTRUCTURAS: UN MARCO PARA MEJORAR LA GOBERNANZA (GETTING INFRASTRUCTURE RIGHT: A FRAMEWORK FOR BETTER GOVERNANCE)

Las infraestructuras presentan diferentes retos, desde cuestiones técnicas y presupuestarias a otras de suministro y gobernanza. Son esenciales para la productividad y la inclusión. La economía se apoya en infraestructuras modernas para seguir siendo competitiva, y la sociedad depende de buenas estructuras para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios para los ciudadanos. Así, una buena gobernanza de las infraestructuras genera beneficios importantes para todos. Este informe, que se basa en una encuesta realizada a 27 países, proporciona una visión general de las prácticas actuales en la gobernanza de infraestructuras y presenta herramientas prácticas para ayudar a los responsables de la toma de decisiones a gestionar mejor las infraestructuras.

Principales Recomendaciones de la OCDE en las que se basa este documento:

• OCDE (2016), Integrity Framework for Public Investment
• OCDE (2015), Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública
• OCDE (2015), Recomendación del Consejo sobre Gobernanza Presupuestaria
• OCDE (2015), High-Level Principles for Integrity, Transparency and Effective Control of Major Events and Related Large Infrastructure
• OCDE (2014), Recommendation of the Council on Digital Government Strategies
• OCDE (2014), Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of Government
• OCDE (2014), The Governance of Regulators, OECD Best-Practice Principles for Regulatory Policy
• OCDE (2014), Recomendación del Consejo sobre la Gobernanza de Riesgos Críticos
• OCDE (2013), G20/OECD High-level principles of long term investment financing by Institutional investors
• OCDE (2012), Recommendation of the Council for the Public Governance of Public-Private Partnerships
• OCDE (2012), Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria
• OCDE (2010), Guiding Principles on Open and Inclusive Policy making
• OCDE (2010), Recommendation of the Council on Principles for Transparency and Integrity in Lobbying
• OCDE (2007), Recommendation of the Council on Principles for Private Participation in Infrastructure