EDITORIAL: NOVIEMBRE, 2023

Ha pasado casi un año, desde que finalmente el Perú pudo deshacerse legalmente, del inepto y delincuencial gobierno de Pedro Castillo que tenía ya, más de 16 meses perjudicando a la economía del país, y exacerbando la lucha de clases. Sin embargo, no debemos darnos por satisfecho, pues ahora tenemos a un gobierno y congreso mediocres, tal como lo hemos tenido en las últimas 2 décadas, e incluso peor, incapaz de continuar con las reformas que se iniciaron a inicios de la década de los 90, más por el contrario, pareciera que todos los poderes del Estado se hubieran confabulado para hacer contrareformas (retroceso en la SUNEDU, descapitalización del sistema de AFPs, topes a las tasas máximos por préstamo, etc.). La falta de reformas positivas y el susto a las inversiones generado por el gobierno de Castillo, ha ocasionado que nuestro crecimiento potencial se ralentice, lo que sumado a las condiciones externas (inflación como consecuencia de la política monetaria y fiscal expansiva a causa de la pandemia global, ralentización del crecimiento global necesaria para frenar la inflación global, fenómeno del Niño, inestabilidad política mundial, etc.) nos ha llevado a la actual recesión económica. Lamentablemente, estos políticos poco profesionales, que han buscado ser elegidos para poder medrar a costa del Estado, en vez de servirlo, los tenemos hasta el 2026. Ojalá pudieran reaccionar para que busquen asesorarse adecuadamente, en pro de la reformas necesarias, ya que nuestros extraordinarios parámetros macreconómicos (de los mejores en el mundo con una Deuda/PBI de 34%, Reservas Internacionales Netas/PBI de 33%, Prima de riesgo respecto a los Bonos USA, de solo 1.8%) permiten financiarlos. Las múltiples reformas que se requieren, están interrelacionadas, estando entre las más urgentes:

1. La formalización de la economía y la reforma laboral, que básicamente requieren una mayor productividad de la población laboral (mayor educación), la reducción de los sobrecostos laborales, flexibilización laboral, encaminamiento hacia la salud universal a cargo del Estado (y no, del empleador), etc. Lamentablemente con Castillo representando a la informalidad (minería ilegal, narcotráfico, etc.), tuvimos un retroceso.
2. La reforma tributaria, que implicaría, la ampliación de la base tributaria, la simplificación de los procedimientos y la lucha contra la evasión fiscal (hay varios sectores ilegales, como la minería, el transporte, etc.).
3. La reforma de pensiones, que podría ayudarse a través del financiamiento del ahorro previsional, con el aporte del IGV que genere cada compra, lo que de paso, alentaría a luchar contra la evasión tributaria. Lamentablemente, con el actual congreso y la pandemia, se ha descapitalizado a las AFPs en más de la mitad, de tal manera que cerca del 90% de afiliados se quedarían sin pensiones.
4. La reforma del sistema de justicia, basado en la lucha anticorrupción, la digitalización de los expedientes y el cumplimiento de la ley. Respecto a esto último, pareciera que hubiera un relajamiento de parte del mismo Estado peruano por el rápido incremento de los arbitrajes desde el 2011. Últimamente tenemos el caso de la pretensión del alcalde de Lima de incumplir con el contrato con Rutas de Lima.
5. La reforma política, que permita elevar apreciablemente la valla de profesionalismo y honestidad en todos los puestos políticos. Entre estas reformas, se podría incluir el restablecimiento de la Cámara de Senadores, y tal vez, cambiar de una democracia presidencialista a una parlamentaria, de tal manera que el parlamento elija al presidente, tal cual ocurre en la mayoría de los países europeos. De seguro que el actual parlamento, con lo mediocre que es, no hubiera elegido a Castillo como presidente.
6. El incremento apreciable del nivel profesional en los puestos claves de las instituciones públicas, quizás sea la reforma más importante, pues incrementaría la calidad de las decisiones y de los servicios ofrecidos. En la situación actual, pareciera que las únicas instituciones que se salvan, son el BCR y la SBS. El crecimiento económico potencial de largo plazo, dependen principalmente de la mejora del capital humano y de infraestructura. Evidentemente, la mejora del capital humano depende de la mejora del sistema de educación en todos los niveles; y la mejora la infraestructura depende de varias instituciones, sobre todo, del MTC (que representa del orden del 50% de la inversión pública). Sobre esto último, ya se ha comentado en esta revista, en varias oportunidades, entre ellas, en el artículo de la Referencia 1.
7. Simplificación administrativa del Estado, sobre todo para las inversiones mineras, pues es por lejos, el sector con más capacidad para financiar el desarrollo del país en los otros sectores. Además, se debiera propulsar el adelanto social con inversiones básicas para las comunidades vecinas a las minas, para así, amainar los posiciones anti-mineras. Esto quizás tendría que hacerse a través de Obras por Impuestos, pues es poco lo que se puede esperar del Estado.

En esta revista, no se pretende optar por opciones políticas, sino, más bien ser racionales y técnicos en nuestra propuestas; sin embargo, es lamentable que se haya comprobado hasta la saciedad, la inmadurez de los políticos de izquierda, que optan por prometer políticas populistas para conseguir ser elegidos, pero una vez que son elegidos, continúan e incluso, pretenden profundizar las políticas populistas.

De cualquier manera, por lo menos en el sector de construcción y vías, continuaremos en COOVIAS, advirtiendo sobre qué es lo que más conviene al país, tal como lo hemos hecho con el proyecto de la nueva carretera central.

Referencia

1. “La incompresibles y peligrosas priorizaciones de proyectos en el MTC”, Edición de julio-2022 de la revista COOVIAS.