¿Túnel de la NCC sin certificación ambiental? un error legal que puede terminar sirviendo a la minería privada
La intención del PMO francés y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de firmar un contrato para iniciar la construcción del túnel de la llamada Nueva Carretera Central, sin contar con certificación ambiental integral, no solo vulnera la ley ambiental. Abre además un conjunto de problemas físico-legales y territoriales que amenazan con paralizar el proyecto, encarecerlo y desnaturalizar su finalidad pública.
Estamos ante una decisión apresurada que puede convertirse en un grave error histórico.
Un inicio de trazo atrapado en la ciudad
Uno de los aspectos más preocupantes —y poco transparentados— es el inicio del trazo en zonas urbanas densamente ocupadas. Sectores como Carapongo, Ate y Vitarte presentan hoy:
- Alta densidad poblacional.
- Ocupación consolidada del suelo.
- Propiedades formalizadas e informalizadas.
- Conflictos latentes por servidumbres, expropiaciones y reasentamientos.
Desde el punto de vista físico-legal, esto significa:
- Procesos largos y conflictivos de liberación de predios.
- Juicios, arbitrajes y oposición vecinal.
- Retrasos que pueden durar años, no meses.
- Incrementos sustanciales de costos antes de mover un metro cúbico de tierra.
Pretender iniciar un túnel sin haber resuelto esta realidad urbana no es planificación. Es improvisación con dinero público.
La ley no permite avanzar por partes
La normativa ambiental peruana es clara: el proyecto es indivisible. No se puede aprobar ni contratar una obra principal —como un túnel— sin evaluar todo el trazo definitivo, todas las alternativas y todos los impactos acumulados.
Firmar ahora un contrato equivale a:
• Fijar una sola alternativa técnica.
• Eliminar otras opciones de menor impacto.
• Convertir la evaluación ambiental en un trámite posterior.
Eso contraviene el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y expone al Estado a nulidades, sanciones y litigios.
Geología compleja y riesgos subestimados
A ello se suma la complejidad geológica e hidrogeológica del macizo andino central. La excavación de túneles en esta zona puede:
- Interceptar acuíferos.
- Generar filtraciones permanentes.
- Provocar inestabilidad estructural.
- Multiplicar los costos de obra y mantenimiento.
No estamos en los Alpes europeos. El enfoque importado no se ajusta al territorio altoandino peruano, donde la geodinámica es más activa y frágil.
¿Carretera para quién?
Hay otro punto que merece máxima atención ciudadana. No está claramente definido el destino funcional de la vía en su tramo final en la sierra central. En esa zona existen denuncias y concesiones mineras que, de activarse, demandarían transporte pesado de minerales.
Esto genera una preocupación legítima:
- Una carretera diseñada para pasajeros y carga liviana
- Puede terminar siendo usada intensivamente por transporte minero pesado.
En la práctica, el Estado podría estar financiando con recursos públicos una infraestructura al servicio de la minería privada, actividad que debería contar con sus propias vías especializadas.
Ese cambio de uso:
- Acelera el deterioro de la vía.
- Incrementa los costos de mantenimiento.
- Aumenta riesgos ambientales y sociales.
- Distorsiona completamente la evaluación beneficio–costo original.
Participación ciudadana incompleta
La ley exige participación ciudadana efectiva. No bastan talleres aislados. Se requieren audiencias públicas, acceso a información completa y espacios reales de observación.
Ese proceso no se ha cumplido integralmente. Avanzar hacia la firma de contratos sin escuchar a la población afectada debilita la legitimidad del proyecto y siembra futuros conflictos.
El peligro del hecho consumado
Todo apunta a una estrategia riesgosa: asegurar el túnel para forzar una sola alternativa y hacer inviable cualquier replanteamiento posterior. Esta práctica, conocida y peligrosa, hipoteca el futuro del país y traslada los errores a los ciudadanos.
Finalmente, por tales razones, no se debe firmar ningún contrato de construcción del túnel mientras no exista certificación ambiental integral, no se hayan resuelto los problemas físico-legales urbanos y no se haya definido con transparencia el verdadero uso de la vía.
De lo contrario, el Perú corre el riesgo de:
• Paralizaciones prolongadas.
• Sobrecostos millonarios.
• Conflictos sociales.
• Y una carretera pública que termine sirviendo a intereses privados.
Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo. Mañana, con el contrato firmado y la deuda comprometida, ya será demasiado tarde.
