EDITORIAL: SEPTIEMBRE, 2022

Estamos próximos a nuevas elecciones regionales y municipales, por lo que se teme que el próximo año caiga aun mas la inversión publica en infraestructura, no solo porque entraran nuevos equipos técnicos, sino porque esta situación se exacerba por la falta de continuidad de las prioridades y la tendencia a revisar y auditar lo realizado por las autoridades salientes. Esto ocurre con mayor frecuencia, desde que se eliminó la reelección inmediata de gobernadores y alcaldes. Podríamos pensar en la necesidad que estos gobiernos regionales y municipales sean inicialmente asesorados por los técnicos de las instituciones del gobierno central, pero lamentablemente el gobierno de Castillo persiste en desbaratar la institucionalidad existente y capturarlo políticamente, antes que en incrementar su eficiencia y eficacia.

Sin embargo, pensando a futuro, y con la esperanza de tener un nuevo gobierno mucho más eficiente y con mucho menos apego a la corrupción (¿parece que su eliminación total es imposible?), quizás convenga retornar la gestión de los presupuestos de las inversiones públicas más complejas, desde la regiones hacia el gobierno central, que tiene más nivel técnico; hasta el día en que las regiones puedan contar con las capacidades técnicas necesarias. Paralelamente, es crucial, el incremento de las capacidades técnicas de las propias instituciones del gobierno central, sobre todo, aquellas responsables de la implementación de infraestructura, pues hasta el momento, han fracasado, siendo las responsables que estemos cayendo en la famosa trampa de los países de ingresos medios.

Durante los últimos 30 años, el país pudo progresivamente fortalecer la institucionalidad de los tres pilares de la estabilidad: el Banco Central de Reserva con el control de la inflación; la Superintendencia de Banca, Seguros y Pensiones, con una efectiva supervisión y regulación financiera; y el Ministerio de Economía y Finanzas, con una política fiscal prudente. Parte del éxito se explica por el compromiso con referencias internacionalmente aceptadas. Si aspiramos a ser un país desarrollado en 2 o 3 décadas, es urgente que desde ahora compartamos una visión que nos acompañe indistintamente de los cambios de gobierno. Esa visión debe contemplar esfuerzos sostenidos por aumentar la competitividad de la economía.

El país tiene una Política Nacional de Competitividad y Productividad, aprobada a fines del 2018, después de haber sido prepublicada para obtener comentarios de todos los actores posibles. Fue aprobada mediante decreto supremo en julio del 2019, con planes en áreas tan diversas como infraestructura, capital humano, mercado laboral, innovación, ambiente, institucionalidad, etc. Esto fue el primer paso, y la idea es que se iría monitoreando y consensuando los avances con reuniones semestrales, en el seno del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización (CNCF); sin embargo, no ha habido reuniones desde julio del 2019. Una de las medidas que generó mucha expectativa fue el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad (PNIC). El resultado de su implementación hasta la fecha es muy decepcionante.

Así es como estamos, y por lo tanto, en esta revista no nos cansaremos de resaltar y protestar por la negligencia en la gestión de la economía del país, y por el sector construcción y transportes, en particular.