I. Un fenómeno que no es novedad: cinco mil años de memoria climática
Cuando el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) o la Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) emiten una alerta, los medios lo tratan como una noticia. Para el Perú, o el territorio que hoy lo ocupa, es una recurrencia estructural: los registros paleoclimáticos lo demuestran. El fenómeno ha sido un factor determinante en el auge, la transformación y el colapso de las sociedades que habitaron esta geografía durante al menos cinco mil años.
La civilización Caral-Supe —la más antigua de América— sostenía su economía en un delicado intercambio entre los productos agrícolas de los valles interiores y los recursos marinos de la costa. Hacia 1800 a.C., una serie de megaeventos de El Niño desencadenó lluvias torrenciales que erosionaron las tierras cultivables y arrastraron sedimentos al mar, formando un cordón de arena: una gigantesca barrera natural que aisló y secó las bahías productivas, bloqueándolas y destruyendo las zonas de pesca productiva. Sin alimentos en el mar y con los campos erosionados, la población se vio obligada a abandonar paulatinamente los grandes centros ceremoniales del valle de Supe.
Mil años más tarde, los Moche —maestros del desierto norteño gracias a una red hipercompleja de canales de irrigación— enfrentaron un meganiño en el siglo VI d.C., cuyos efectos quedaron registrados en el hielo del glaciar andino Quelccaya, estimándose casi tres décadas de lluvias e inundaciones recurrentes, seguidas de una sequía igualmente prolongada. Las lluvias disolvieron los canales de tierra y, con ellos, la legitimidad ideológica de la teocracia que prometía controlar el clima: el colapso político siguió al colapso hidráulico. Los Nasca, en la costa sur, sufrieron un mecanismo diferente pero igualmente letal hacia el siglo V d.C.: la deforestación sistemática del huarango —árbol endémico cuyas raíces fijaban el suelo y regulaban las aguas subterráneas— dejó los valles expuestos a la erosión catastrófica cuando llegaron las lluvias torrenciales.
Fueron también estas catástrofes las que enseñaron a las culturas más exitosas qué hacer. Los Incas distribuyeron estratégicamente sus colcas a lo largo del Qhapaq Ñan para garantizar la seguridad alimentaria durante las crisis climáticas. Por su parte, los agricultores del Altiplano desarrollaron los waru waru, camellones de tierra que regulaban el agua en épocas de sequía y protegían los cultivos de las heladas nocturnas. El patrón que emerge del registro arqueológico es consistente: las culturas con estructuras políticas rígidas y excesivamente centralizadas tendieron a colapsar; las que diversificaron sus pisos ecológicos y desarrollaron flexibilidad hidráulica lograron absorber el choque y reorganizarse. Ello representa, en términos modernos, un claro problema de resiliencia institucional.
II. La colonia: dos racionalidades distintas
Los españoles construyeron sus ciudades con lógica mediterránea: calles en cuadrícula, techos planos de barro y caña —pues en la costa «nunca llovía»— y asentamientos en los fondos planos de los valles, justo en el cauce de salida de los ríos. El resultado fue predecible.
Esta ceguera ante el entorno ignoró siglos de conocimiento acumulado. Las poblaciones originarias sabían que los valles costeros eran dinámicos y peligrosos, por lo que construían sus asentamientos en las zonas altas, áridas y pedregosas, reservando el fondo del valle exclusivamente para la agricultura. Cronistas como Pedro Cieza de León dejaron constancia de esta prudencia territorial, advirtiendo sobre la violencia con la que los ríos norteños reclamaban su cauce. Sin embargo, la mentalidad colonial priorizó el acceso rápido al agua y la comodidad del transporte, desoyendo las advertencias de los locales y de sus propios cronistas. Las consecuencias se vieron años más tarde.
El meganiño de 1578, durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, fue el primer gran choque documentado con rigor. Las lluvias torrenciales duraron más de cuarenta días en el norte y castigaron severamente a la recientemente fundada ciudad de Santiago de Miraflores de Zaña (1563). Las acequias prehispánicas que los colonizadores habían heredado quedaron sepultadas bajo el lodo. La crisis se extendió al sistema fiscal: al no haber producción, los indígenas no podían pagar los tributos a los encomenderos. Las Probanzas de 1580, recogidas por el escribano Francisco de Alcocer, documentan el litigio formal mediante el cual los indígenas demandaron la exoneración de impuestos por la catástrofe climática, quebrando temporalmente la caja fiscal de la región.
A pesar de los daños de 1578, la inmensa riqueza de Zaña —sostenida en sus fértiles ingenios azucareros y su rol como nudo comercial obligatorio— hizo que la élite insistiera en permanecer en el lugar. El desenlace definitivo tardaría un siglo más en llegar. En marzo de 1720, un nuevo meganiño descargó lluvias torrenciales sobre la cuenca: al estar ubicada en una zona plana y baja, el desborde del río Zaña sepultó la ciudad bajo capas de lodo de forma irreversible. Esta vez, la destrucción fue tan severa que los sobrevivientes renunciaron a reconstruirla y la abandonaron para siempre. Sus ruinas de iglesias gótico-renacentistas aún permanecen en pie en el desierto, como un monumento a la vulnerabilidad climática y a la ausencia de memoria institucional.
III. Impacto de los meganiños en los siglos XIX y XX
El meganiño de 1876-1878: antesala del quiebre republicano
Antecediendo el siglo XX se presenta el meganiño de 1876-1878. Considerado por la ciencia climática como uno de los eventos más catastróficos de los últimos siglos: el debilitamiento de los vientos alisios y la pérdida de presión del Anticiclón del Pacífico Sur alcanzaron niveles que rompieron todos los registros conocidos del siglo XIX. En el norte peruano, provocó lluvias torrenciales que destruyeron caminos, arrasaron poblados y alteraron profundamente los valles costeros de Lambayeque. Este no fue un fenómeno aislado: a escala planetaria, desencadenó hambrunas en India, China y el noreste de Brasil que costaron millones de vidas. En aquel momento, el Perú atravesaba una crisis fiscal severa, en plena antesala de la Guerra del Pacífico, con una economía endeudada dependiente del guano. El meganiño quebró la cadena de pagos interna y aceleró el colapso institucional que ya se incubaba. Ese episodio, hoy recuperado por la historia ambiental, es el espejo más perturbador del escenario que los modelos climáticos actuales sitúan sobre la mesa
El Niño de 1925: impacto en el Oncenio
Al ingresar al siglo XX, el evento de 1925 se convirtió en el primer gran laboratorio de la ciencia meteorológica moderna en el Perú y en la primera gran prueba para la infraestructura republicana. Este fenómeno fue uno de los más intensos de la primera mitad del siglo XX: las inundaciones arrasaron los valles costeros del norte —Piura, Lambayeque, La Libertad— destruyendo canales de riego, caminos y cosechas en pleno auge del modelo exportador de Leguía. El algodón y el azúcar, pilares de la economía costeña y base del crédito externo que financiaba el Oncenio, sufrieron pérdidas que obligaron a renegociar contratos y compromisos con casas comerciales extranjeras. El fenómeno demostró, una vez más, que la vulnerabilidad climática golpea la base productiva con independencia del ciclo electoral. Lo que faltó entonces —y seguiría faltando— fue convertir ese golpe en memoria institucional: ningún gobierno posterior construyó las represas reguladoras que los valles norteños necesitaban para sobrevivir al siguiente evento. Ese siguiente evento llegó en 1982.
El Niño 1982-1983: golpe estructural
Este evento encontró al país en una situación de altísima vulnerabilidad: el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry ya arrastraba una crisis de deuda externa y presiones inflacionarias antes de que llegara el choque climático. Evaluada a precios constantes de 2007, la crisis económica provocó que el PBI nacional registrara una caída de 0.22% en 1982 y un severo colapso de 10.41% en 1983, consolidando uno de los peores retrocesos productivos del siglo.
La desagregación sectorial es reveladora: la pesca cayó 40%, la construcción 21%, la manufactura 17%, y el sector agropecuario retrocedió 8%, afectado simultáneamente por inundaciones en el norte y sequía extrema en el sur andino. El impacto climático puro —separado de la crisis macroeconómica que ya existía— fue estimado por el BCRP en torno a 5 puntos del PBI; el resto fue amplificación de vulnerabilidades preexistentes, lo que subraya un principio central de la economía del riesgo: los desastres naturales no son neutrales frente a la fragilidad institucional.
El Niño 1997-1998: atenuación relativa y sus límites
Para el segundo meganiño, el escenario de base era más estable gracias a las reformas de los noventa y a que se ejecutaron obras preventivas de emergencia —limpieza de cauces, defensas ribereñas— que amortiguaron parcialmente el golpe. Los daños fueron estimados en US$ 3,500 millones, más del 4.5% del PBI, con un impacto en infraestructura del 2.2% del producto. Evaluado a precios constantes de 2007, el PBI nacional pasó de expandirse un 6.48% en 1997 a contraerse un -0.39% en 1998, iniciando una lenta recuperación de apenas 1.49% en 1999. El verdadero lastre se manifestó en este último año, cuando la combinación del choque climático con la crisis financiera asiática secó las líneas de crédito externo para la banca local.
El patrón común de ambos eventos es un hallazgo fundamental: en los dos episodios, los mayores daños se concentraron en los sectores de vivienda, educación y transporte. El canal de transmisión más persistente no es la pérdida inmediata de cosechas, sino la destrucción del stock de capital e infraestructura —puentes, carreteras, sistemas de saneamiento— que eleva los costos de transacción durante los trimestres posteriores y retrasa la convergencia hacia el PBI potencial.
IV. El Niño 2026-2027: señales, incertidumbre y lo que está en juego
Los pronósticos actuales exigen una lectura cuidadosa, pero esta vez las bases físicas de la alarma son inusualmente sólidas. En episodios anteriores —como el frustrado evento de 2014— el océano registró un aumento de temperatura, pero la atmósfera no reaccionó. Faltó el acoplamiento entre ambos sistemas; es decir, ese efecto de retroalimentación en el que un cambio alimenta al otro: cuando los vientos alisios se debilitan, el agua se calienta, y este calor, a su vez, debilita aún más los vientos. En 2026, ese acoplamiento ya está completado: la atmósfera aceptó la dinámica oceánica y ambos sistemas se refuerzan mutuamente.
El indicador físico más elocuente es la Onda de Kelvin subsuperficial: una gigantesca masa de calor que viaja bajo la superficie del Pacífico con anomalías de temperatura de hasta 8°C por encima del promedio histórico, y que ya está aflorando en el Pacífico oriental. No es una proyección; es una medición de algo que ya ocurrió y que está en tránsito hacia las costas sudamericanas. Al 23 de septiembre de 2026, la región Niño 1+2 —la franja del mar frente a las costas de Perú y Ecuador— registraba una anomalía térmica de +4.7°C, mientras que el ENFEN confirmaba temperaturas de entre 2 y 5°C por encima de lo normal en todo el litoral peruano, con el pico de calentamiento proyectado para diciembre-enero. Tras consolidarse a mediados de año, el actual fenómeno de El Niño avanza con fuerza. Los reportes de la NOAA indican que existe más de un 80% de probabilidad de que alcance una intensidad histórica en su pico de fin de año y se mantenga plenamente activo durante los primeros meses de 2027.
La comparación más perturbadora no es con 1997 ni con 1982. Es con 1877. El meganiño de 1876-1878 —el más catastrófico documentado en los últimos dos siglos— registró anomalías térmicas y atmosféricas de una escala que dejó los patrones tradicionales de la Corriente de Humboldt virtualmente suspendidos. Los modelos oceánicos actuales que muestran anomalías de hasta 8°C en ciertas zonas del mar peruano sitúan los escenarios extremos de 2026 en esa misma categoría. Pero aquí radica la diferencia analítica decisiva: el meganiño de 1877 golpeó a un país rural, con centros urbanos pequeños y una población de menos de tres millones de habitantes. El evento comparable de 2026 golpea a un país hiperurbanizado, con más de treinta y tres millones de personas, metrópolis costeras colapsadas, cadenas de suministro alimentario altamente centralizadas y una tercera parte de la población nacional concentrada en Lima. La magnitud física puede ser similar; el costo económico y social potencial es exponencialmente mayor, porque hay infinitamente más expuesto en el camino del agua.
A esta incertidumbre de magnitud se suma una incertidumbre geográfica que complica aún más la planificación. El impacto exacto de las lluvias —y la consiguiente activación de las quebradas— depende en gran medida de la intensidad del Anticiclón del Sur, el sistema de alta presión que regula hasta qué altura de la cordillera logran ascender las masas de aire cálido y húmedo del Pacífico. Si el anticiclón es fuerte, empuja esas masas hacia las cumbres, donde se enfrían y descargan torrencialmente, activando las quebradas desde sus nacientes. Si es débil, las nubes se quedan contenidas a media vertiente y el patrón de inundaciones cambia por completo de ubicación geográfica. Como esta variable atmosférica es intrínsecamente cambiante, no existe fórmula que permita predecir con meses de anticipación qué distrito o qué quebrada específica sufrirá el peor impacto. Esta es, precisamente, la razón más poderosa para apostar por una prevención estructural de base amplia —represas, manejo de cuencas, drenaje urbano— en lugar de medidas puntuales que asumen saber de antemano dónde pegará el fenómeno.
Hay además un factor de fondo que agrava el escenario de forma permanente: este evento se desarrolla sobre un océano global que viene batiendo récords de temperatura acumulada debido al calentamiento global. El punto de partida térmico es más alto que en cualquier episodio anterior, lo que eleva el potencial de impacto incluso para eventos de magnitud moderada. Proyecciones publicadas en la revista Nature indican que, al 2030, la ocurrencia del fenómeno aumentará en frecuencia, intensidad y duración. En conclusión, el peligro de fondo ya no es el mismo de antes: las condiciones climáticas han cambiado permanentemente y la vulnerabilidad del país es cada vez mayor.
¿Cuánto podría costar un evento fuerte hoy? El MEF estima que el impacto de un fenómeno moderado a fuerte puede alcanzar el 1.5% del PBI nacional, equivalente a S/ 18,600 millones. Sin embargo, un evento extraordinario podría duplicar fácilmente esa cifra. Esto se debe a que el país cuenta hoy con un stock de capital e infraestructura mucho mayor expuesto al riesgo en comparación con 1983.
V. El espejo ecuatoriano: alternativas de gestión estructural
El contraste con el modelo de prevención de Ecuador constituye un caso de estudio fundamental para la gestión del riesgo. Ambos países comparten la misma zona de impacto del fenómeno, una geografía costera análogamente vulnerable y economías agroexportadoras dependientes de los valles del litoral. La diferencia crítica radica en las decisiones de inversión pública y el diseño de su ingeniería institucional.
Entre 2012 y 2016, el gobierno ecuatoriano destinó más de US$ 1,000 millones a la construcción de megaproyectos hídricos multipropósito, diseñados para proteger de inundaciones a 150,000 hectáreas y dotar de riego a otras 200,000 hectáreas de cultivo. Los sistemas más emblemáticos —Chone en Manabí, Bulubulu en Guayas-Cañar y Daule-Vinces— combinaron embalses reguladores en las cuencas altas con canales de derivación y compuertas automatizadas. La prueba operativa de esta infraestructura ocurrió en 2017: mientras el Niño Costero provocó la destrucción urbana de Piura y el desborde del río Moche en Trujillo, las provincias costeras de Ecuador resistieron con daños mínimos en comparación con sus propios historiales de 1983 y 1998, demostrando la efectividad de la inversión en obras rígidas de regulación.
El segundo factor diferenciador fue de orden institucional. Ecuador centralizó la autoridad sobre los recursos hídricos mediante la creación de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), una entidad con rango ministerial que unificó la administración de todas las cuencas hidrográficas del país. Este diseño permitió proyectar las obras bajo una visión de cuenca completa —desde las nacientes andinas hasta la desembocadura en el Pacífico—, mitigando los conflictos de competencias y la fragmentación presupuestal entre gobiernos locales y regionales que históricamente han obstaculizado la ejecución de defensas integrales en el Perú.
VI. La gestión pública peruana post-2017: el saldo de la fragmentación institucional
Tras el Niño Costero de 2017, que comprometió severamente la infraestructura del país con daños estimados en S/ 17,300 millones, el Estado peruano implementó la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) bajo un mandato de alta complejidad. El costo total del plan integral superaba los S/ 50,000 millones e incluía cuatro componentes estratégicos: soluciones de vivienda, fortalecimiento de capacidades, reconstrucción de infraestructura dañada y edificación de obras de prevención estructural.
Nueve años después de su creación, el balance revela profundas deficiencias en la fase de implementación. La mayoría de los proyectos orientados a la prevención permanecen retenidos en fases normativas, estudios de preinversión o elaboración de expedientes técnicos, con un porcentaje marginal de obras en ejecución real. De hecho, los componentes de prevención estructural registran un avance global de apenas el 21%. Para el año 2024, los gobiernos regionales asignaron alrededor de S/ 940 millones para la mitigación del fenómeno; sin embargo, la ejecución presupuestal efectiva alcanzó apenas el 3.4% al cierre del primer trimestre de 2025, según datos de la Defensoría del Pueblo. La posterior disolución de la ARCC y la transferencia de sus funciones a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no han resuelto el problema de fondo: la nueva entidad heredó una cartera de proyectos largamente postergados, enfrentando las mismas barreras de continuidad contractual y paralizaciones de obra que caracterizaron al esquema anterior.
La evidencia más crítica de este déficit preventivo se manifestó directamente en los eventos registrados en octubre de 2026. El 20 de octubre, precipitaciones de intensidad moderada —registradas meses antes del pico estacional proyectado para el periodo de diciembre a enero— provocaron inundaciones en cascos urbanos y viviendas en Piura, exponiendo las deficiencias estructurales del sistema de drenaje pluvial. Los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas Pluviales (SARE) instalados en Sullana y Veintiséis de Octubre evidenciaron fallas operativas que anularon su utilidad ante lluvias intensas. De manera más grave, la Contraloría General de la República advirtió, mediante el Informe N.° 041-2026, que la Municipalidad Provincial de Piura tenía conocimiento desde enero de 2026 de fichas técnicas que identificaban un tramo crítico del río Piura —entre el sector Ejidos y el Puente Bolognesi— con un nivel de peligro «Muy Alto» debido a la acumulación de sedimentos. La falta de acciones preventivas concretas o de ejecución de las labores previstas en dicho sector expone a una eventual inundación a más de 15,000 habitantes y pone en riesgo alrededor de 10,000 viviendas, además de infraestructura estratégica como el Hospital Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de Piura, incluso antes de que el fenómeno alcance su fase de maduración física.
Este patrón de vulnerabilidad institucional no es exclusivo de la costa norte. En el distrito de Lurigancho-Chosica, una inspección de la Contraloría General de la República en octubre de 2026 cuestionó las intervenciones de descolmatación ejecutadas en las quebradas de la zona por el Ejército, bajo la supervisión del Ministerio de Defensa. El órgano de control señaló que las obras carecían de un sustento técnico adecuado, limitándose al apilamiento del material sedimentario en los márgenes de los cauces en lugar de su extracción y disposición final, una práctica que incrementa el riesgo de socavamiento ante caudales extraordinarios. El diseño de estas intervenciones evidencia una preocupante constante en los tres niveles de gobierno: la priorización de mitigar la percepción del riesgo mediante acciones de alta visibilidad política, pero de nula efectividad estructural.
En paralelo, la vertiente sur del país experimenta los efectos opuestos, pero igualmente destructivos del mismo sistema climático: la severa sequía asociada con el calentamiento anómalo del Pacífico ha desencadenado incendios forestales de gran magnitud en ecosistemas de altura, afectando a regiones que históricamente no han sido incorporadas de forma prioritaria en los planes de contingencia para El Niño. De este modo, el territorio nacional enfrenta emergencias concurrentes por exceso y por déficit hídrico en ambos extremos geográficos.
Las declaraciones oficiales de la presidencia de la república en octubre de 2026 sintetizan la naturaleza del problema de gestión en el país. Al afirmar ante los medios que «más no se puede hacer» tras anunciar que el río Piura había sido descolmatado hasta su límite técnico, y al exhortar a la evacuación preventiva de las poblaciones ribereñas, se evidenció el agotamiento de la capacidad de respuesta de un modelo que reduce la gestión del riesgo a intervenciones temporales en los cauces, omitiendo la planificación a largo plazo. Mientras Ecuador ejecutó una reingeniería de sus cuencas mediante sistemas como el Bulubulu, la estrategia peruana continuó supeditada a las labores cíclicas de limpieza de ríos. Esta divergencia no responde a una brecha presupuestal, sino a un diseño de prioridad y decisión política.
Ante la inminencia del impacto macroeconómico, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un paquete contracíclico de S/ 18,000 millones, estructurado sobre la base de transferencias monetarias a familias vulnerables, mantenimiento de infraestructura existente y medidas de alivio tributario temporal para el sector empresarial. Si bien la escala financiera del anuncio es considerable, estos instrumentos operan bajo una lógica de absorción y mitigación del daño ex post, mas no de prevención o reducción de la vulnerabilidad ex ante. Resulta analíticamente significativo que el propio MEF haya optado por omitir la intermediación de los gobiernos locales y regionales, canalizando los fondos de mitigación directamente a los directores de instituciones educativas y comisarías; una disposición que reconoce implícitamente la incapacidad operativa del andamiaje institucional descentralizado para ejecutar recursos bajo condiciones de alta presión. El Niño Costero de 2017 demostró que la destrucción del stock de capital puede superar los S/ 17,300 millones; si el evento en curso rebasa dicha escala —conforme a los indicadores del ENFEN—, los recursos del Estado se orientarán a financiar el rescate macroeconómico y social, postergando nuevamente la inversión en reconstrucción estructural.
Finalmente, esta problemática se agrava por la ausencia de presupuestos garantizados para la operación y el mantenimiento de la infraestructura preventiva que logre ser concluida. Esta dinámica define la paradoja de la inversión pública peruana: el Estado destina sistemáticamente un volumen de recursos significativamente mayor a la reconstrucción de activos destruidos que el requerido para evitar su colapso inicial. Desde la perspectiva de la economía del riesgo, este comportamiento constituye una asignación de recursos ineficiente e irracional.
VII. Lineamientos de reforma estructural y estimación de costos de inversión
La agenda de mitigación para el territorio peruano es técnicamente conocida; por consiguiente, el debate actual no radica en el diagnóstico físico, sino en la voluntad política y en el rediseño de la capacidad institucional. Para alcanzar un estándar de resiliencia sostenible, las intervenciones deben priorizarse en cuatro frentes estratégicos:
El primer frente contempla la construcción de embalses reguladores en las cuencas del norte. Los ríos Piura, Chira, Chancay-Lambayeque y Moche carecen de infraestructuras de almacenamiento en sus cursos altos que permitan laminar los caudales extraordinarios durante los episodios de precipitación intensa y liberarlos de forma gradual. Esta estrategia replica la ingeniería hidráulica implementada por Ecuador en sistemas como el Chone. Una cartera de seis a ocho represas multipropósito en las cuencas norteñas críticas requeriría una inversión estimada de entre US$ 1,500 y US$ 2,500 millones, proyectada para ser ejecutada en un horizonte de cinco a siete años. Si bien representa un volumen de capital significativo, el monto total es inferior a las pérdidas macroeconómicas registradas en un solo año durante el evento de 1997-1998.
El segundo frente aborda los sistemas de drenaje pluvial urbano en Piura, Trujillo y Chiclayo. Estas metrópolis costeras sufren inundaciones recurrentes no solo por la dinámica de los desbordes fluviales, sino por la ausencia de infraestructura de evacuación capaz de gestionar la escorrentía superficial directa sobre la trama urbana. Los anegamientos registrados en octubre de 2026 en Piura —provocados por precipitaciones que aún distaban del pico estacional— constituyen la evidencia más reciente del impacto económico de este déficit. El costo de dotar a estas tres ciudades de redes de drenaje pluvial técnicamente adecuadas se estima entre los US$ 800 millones y los US$ 1,200 millones.
El tercer frente exige un ordenamiento territorial de carácter vinculante. Las zonas de alta susceptibilidad a inundaciones y activación de quebradas se encuentran plenamente cartografiadas; sin embargo, los mecanismos de fiscalización para impedir el desarrollo urbano en dichas áreas no se aplican de manera efectiva. El costo fiscal de implementar restricciones estrictas es marginal; no obstante, el costo político de mitigar la ocupación informal en zonas de riesgo es elevado. A pesar de ello, la evidencia demuestra que ninguna infraestructura hidráulica resulta suficiente si se permite la reocupación permanente de los cauces de evacuación natural.
El cuarto frente es de orden institucional y plantea el establecimiento de una autoridad hídrica permanente con visión de cuenca completa, homóloga al modelo original de la SENAGUA ecuatoriana. La fragmentación de competencias actual entre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, los gobiernos regionales y las municipalidades opera como el principal desincentivo para la inversión preventiva de largo plazo. El caso de Piura —donde la Contraloría General de la República documentó el riesgo extremo en enero de 2026 y la administración local omitió intervenir durante los nueve meses posteriores— ilustra con precisión las consecuencias operativas de dicha dispersión institucional.
En conclusión, la inversión preventiva total requerida para situar al Perú en un nivel de resiliencia estructural comparable al exhibido por Ecuador se sitúa entre los US$ 3,000 y US$ 4,500 millones, planificados para su ejecución a lo largo de una década. Este presupuesto representa, en el escenario más conservador, una cuantía equivalente al costo económico de mitigar un solo evento de magnitud extraordinaria.
VIII. La ecuación de la economía del riesgo: el costo de la inacción institucional
Existe una relación aritmética fundamental en la gestión pública que cuestiona la lógica de la planificación en el país. El fenómeno de 1982-1983 representó un costo de US$ 3,283 millones; el de 1997-1998 ascendió a US$ 3,500 millones; y el Niño Costero de 2017 generó pérdidas estimadas en S/ 17,300 millones concentradas estrictamente en infraestructura básica. Complementariamente, estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) demuestran que el efecto de desaceleración y crecimiento reprimido por el impacto de El Niño suele persistir en la economía agregada hasta cinco años posteriores al choque meteorológico. El escenario proyectado para el periodo de diciembre a enero de 2026-2027 se desarrolla sobre anomalías térmicas superficiales que carecen de precedentes cercanos desde los registros de 1877, impactando sobre un tejido económico cuyo volumen de PBI expuesto es exponencialmente superior al de aquel siglo, y con cascos urbanos críticos como el de Piura registrando inundaciones severas desde el mes de octubre.
Frente a esta recurrencia destructiva, el diseño de un programa de inversión preventiva totalizado entre los US$ 3,000 y US$ 4,500 millones distribuido en una década posee una tasa de retorno social y económico que supera el rendimiento de la mayoría de las categorías del gasto público tradicional. Históricamente, las sociedades prehispánicas basaron su sostenibilidad territorial en la comprensión de esta regularidad climática; asimismo, las primeras observaciones del siglo XIX advirtieron con claridad la naturaleza cíclica e inevitable del fenómeno.
La persistencia del problema radica en las barreras estructurales del Estado peruano contemporáneo: una profunda fragmentación de competencias, severas limitaciones operativas para la ejecución de proyectos de alta ingeniería hidráulica y una dependencia sistemática del ciclo presupuestal de emergencia ex post. Este último esquema resulta políticamente más visible en el corto plazo, pero es social y financieramente más costoso en el tiempo. La divergencia entre la prevención estructural y la reconstrucción cíclica trasciende la frontera puramente técnica; define la transición entre un modelo soberano que administra y mitiga el riesgo de forma estratégica y una institucionalidad que se limita a padecer sus consecuencias.
