LA PERICIA TÉCNICA: FACTOR CLAVE PARA ARBITRAJES EXITOSOS EN OBRAS VIALES

RESUMEN

En arbitrajes de obras viales, la diferencia entre ganar y perder rara vez depende solo de la argumentación legal. Con frecuencia, el resultado se define por la calidad de la fundamentación técnica del caso: evidencia de campo confiable, causalidad bien construida y peritajes capaces de sostenerse en audiencia. Este artículo explica por qué muchas organizaciones debilitan su posición por omitir pericias o por encargar el soporte técnico a equipos no especializados, y plantea qué aspectos deben asegurarse para que la fundamentación técnica sea suficiente, verificable y útil para el tribunal arbitral.

El laudo arbitral: ¿decisión técnica o resolución jurídica?

En el sector vial, una parte importante de los arbitrajes no se originan por “incumplimientos deliberados”, sino por brechas entre lo que dicen los documentos y lo que realmente ocurre en campo. Esas brechas —y su interpretación en disputa— suelen aparecer en tres escenarios recurrentes:

1. Condiciones reales diferentes a las establecidas en expedientes técnicos o documentos contractuales.
2. Diseños de ingeniería defectuosos o insuficientes para las condiciones del proyecto.
3. Acusaciones de vicios ocultos o mala praxis, invocadas por la parte contratante.

En la práctica, los puntos (1) y (2) suelen ser la base argumental de la parte contratada, mientras que el (3) es el eje típico de la parte contratante. En cualquiera de los casos, la controversia termina girando alrededor de preguntas técnicas: ¿qué se midió?, ¿cómo se midió?, ¿qué norma aplica?, ¿qué evidencia es válida?, ¿qué causalidad existe?, ¿qué pudo preverse razonablemente?, ¿qué corresponde como solución técnica y como efecto económico?

Aquí aparece una realidad incómoda: muchos tribunales arbitrales están conformados principalmente por abogados, y aun cuando el análisis jurídico sea impecable, el laudo se vuelve frágil si la fundamentación técnica es débil, incompleta o discutible.

La pericia técnica no es un gasto sino una inversión en un activo de defensa

En numerosos casos, las partes omiten contratar pericias de parte por razones económicas y relegan la fundamentación técnica a cuadros internos no especializados. Esto ocurre incluso cuando el equipo operativo es competente, pero no tiene experiencia forense en controversias.

En ese contexto, se suele perder lo esencial: trazabilidad, metodología verificable y construcción de causalidad técnica-contractual. Se ahorra en pericia, pero luego se paga mucho más en pérdida de posición procesal, ampliación de plazos, mayores costos legales y, en el peor caso, un laudo adverso que pudo evitarse.

En arbitrajes de infraestructura, la pericia no es un “anexo”; es parte del sistema de decisión.

Pericia de parte vs. pericia de oficio: dos funciones, un mismo objetivo Es común que se entienda mejor la necesidad de la pericia de oficio, porque el tribunal la solicita para contar con criterios técnicos que le permitan laudar sobre controversias eminentemente técnicas.

No obstante, se comete un error frecuente: asumir que “ya habrá pericia de oficio” y que, por tanto, no se requiere una pericia de parte sólida.

En realidad:

• La pericia de oficio busca orientar al tribunal, pero puede contener limitaciones técnicas o de alcance.
• La pericia de parte busca construir y sostener la teoría técnica del caso, con evidencia, metodología y conclusiones defendibles.

Cuando una parte no presenta una pericia propia robusta, renuncia (sin decirlo) a controlar el enfoque técnico del debate y queda expuesta a que la controversia se defina con un marco que no necesariamente le favorece.

Peritos: visión integral, estrategia e idoneidad para la controversia

Otro punto crítico es la idoneidad del perito. En muchos entornos, se elige por cumplir requisitos formales (colegiación, pertenencia a un registro o centro de arbitraje, disponibilidad), asumiendo que “si es ingeniero, puede peritar cualquier cosa”. En obras viales, esa suposición es especialmente riesgosa.

Una controversia puede requerir, según el caso, experiencia específica en: geotecnia y su interacción con pavimentos; diseño y evaluación estructural; hidráulica aplicada y eventos extremos; control de calidad y trazabilidad de ensayos; patología de pavimentos; confiabilidad de mediciones y ensayos; estimación de causalidad (qué fue causa, de qué fue consecuencia, qué era preexistente, qué era imprevisible); y capacidad de traducir complejidad técnica a conclusiones sostenibles en audiencia.

Cuando el perito no domina el corazón técnico de la controversia, ocurre lo peor: se emiten conclusiones correctas en apariencia, pero débiles en sustento, fáciles de desmontar en audiencia, o que no resisten repreguntas técnicas.

Los centros de arbitraje y la garantía de idoneidad técnica Los centros de arbitraje cumplen un rol institucional importante; sin embargo, sus registros de peritos suelen centrarse en requisitos formales de incorporación. No realizan —ni pueden realizar— un análisis previo de la controversia ni del proyecto para proponer un perito ad hoc. En la práctica, proponen una terna basada en criterios de admisión como la profesión o los años de experiencia, lo que no garantiza por sí mismo la idoneidad específica del perito para la materia técnica en disputa.

Esto no es una crítica al modelo institucional: es una limitación natural de sistemas de registro amplios. La consecuencia es que la responsabilidad de asegurar la idoneidad no puede tercerizarse completamente: la parte interesada debe actuar como dueña del riesgo.

La decisión correcta: asegurar una fundamentación técnica sólida y verificable

Para los niveles directivos y tomadores de decisión, el enfoque práctico no es “¿cuánto cuesta la pericia?”, sino “¿cuánto reduce mi riesgo de perder por debilidad técnica?”. Más allá de quién sea el perito, hay condiciones mínimas que deben estar presentes para que la pericia sea útil al tribunal:

• Especialidad demostrable en la materia específica de la controversia (no solo profesión).
• Metodología pericial explícita: cómo construye causalidad, cómo valida evidencias, cómo gestiona incertidumbre.
• Trazabilidad completa: vínculo entre contrato, expediente técnico, comunicaciones, ensayos, metrados, cronogramas, registros de obra y condiciones reales de campo.
• Capacidad de comunicación forense: explicar lo técnico con claridad y responder preguntas difíciles en audiencia.
• Límites claros: el perito responde lo técnico y no emite opiniones legales.

Un perito realmente competente no solo “opina”; también: estructura evidencia, reduce ambigüedad y permite que el tribunal laude con mayor seguridad. Además, el perito debe actuar como asesor de alto nivel: no solo contribuye a consolidar una posición técnica sólida y una estrategia de defensa, sino que también ayuda a identificar las limitaciones técnicas de la contraparte.

Señales de alerta: a punto de perder el caso por falta de soporte técnico

Si en el arbitraje ocurre alguna de estas situaciones, la organización está en zona de riesgo:

• La demanda o contestación se basa en afirmaciones técnicas sin metodología verificable.
• Los ensayos y mediciones no tienen trazabilidad (quién, cuándo, dónde, equipos, normas).
• Se confunde correlación con causalidad (“hubo daño, entonces hubo mala praxis”).
• Se subestima el impacto de condiciones reales no representadas en el expediente.
• Se apela a autoridad en lugar de sustento (“porque tengo experiencia”).
• Se delega la estrategia técnica a un enfoque puramente legal, sin arquitectura técnica del caso.

Un arbitraje se fortalece explicando con lenguaje simple un problema complejo de ingeniería

En disputas de infraestructura vial, el tribunal necesita algo más que narrativa: necesita argumentos técnicos en lenguaje simple, suficientes y válidos para laudar con seguridad.

La pericia técnica, de parte y/o de oficio, es el puente entre la realidad física de la obra y la decisión jurídica.

Cuando ese puente es débil, el laudo se vuelve vulnerable; cuando es sólido, se convierte en una decisión sustentada.

Si una organización enfrenta un arbitraje por diferencias entre campo y expediente, diseños defectuosos o acusaciones de vicios ocultos/mala praxis, la pregunta estratégica no es si conviene contratar una pericia, sino cómo asegurar que la pericia produzca solidez técnica y conclusiones sostenibles. Una buena pericia no es un costo: es un seguro técnico que fortalece la posición de parte, contribuye a una decisión arbitral técnicamente sustentada y eleva la probabilidad de éxito.