I. La paradoja
Loreto no tiene carreteras que crucen su territorio. Ucayali tiene una densidad de servicios de salud que figura entre las más bajas del país. Madre de Dios carece de infraestructura básica en la mayor parte de sus comunidades. Son regiones tan pobres y tan abandonadas por el Estado como Puno, Ayacucho o Apurímac. Y sin embargo votan de manera radicalmente distinta al sur andino — y lo hacen con una consistencia que se repite elección tras elección desde hace dos décadas.
La pregunta obvia es por qué. La respuesta fácil — que la pobreza determina el voto — no funciona aquí porque la pobreza es comparable en ambos territorios. La respuesta correcta requiere ir más atrás: no son las condiciones materiales presentes lo que determina el comportamiento electoral, sino la naturaleza de la relación histórica que cada territorio ha construido con el Estado. Y esa relación, en el sur andino y en la selva amazónica, es radicalmente distinta.
El sur andino tiene una herida. La selva tiene un vacío. Las heridas producen votos estructurales, cohesionados y persistentes. Los vacíos producen votos volátiles, capturables y dependientes de quién tenga mejor presencia territorial en cada ciclo electoral. Esa diferencia lo explica casi todo.
La evidencia empírica confirma que la paradoja es real, no retórica. Purús, en Ucayali, solo accesible por avioneta, registra el 92% de pobreza. Río Santiago, en Amazonas, el 97%. Morona, en Loreto, el 95%. El Cenepa, también en Amazonas, el 96%. Son cifras comparables a las del Trapecio Andino —Uchuraccay en Ayacucho con 98,5%, Omacha en Cusco con 97,4%. Los productos llegan una vez a la semana si el río lo permite. El flete para abastecer medicinas o colocar una cosecha al mercado consume una fracción tan alta del valor del producto que la economía de subsistencia se convierte en la única alternativa viable. La geografía de la exclusión es idéntica. El voto no lo es.
II. El sur andino vota con memoria
Desde 2006, las regiones del sur peruano — Puno, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Moquegua, Tacna — han votado de manera compacta y consistente por candidatos distintos al preferido en Lima y el norte costeño. En 2006 fue Ollanta Humala, con mayorías que superaron el 60% y el 70% en el Trapecio Andino. En 2011 fue nuevamente Humala, con más de un millón doscientos mil votos en la macrorregión sur solo en primera vuelta. En 2016 fue Verónika Mendoza en primera vuelta, y el sur transfirió masivamente ese voto a Kuczynski en segunda únicamente para bloquear a Keiko — Arequipa le dio el 65.5%, Cusco el 65.3%, Puno el 63.9%. En 2021 fue Pedro Castillo. En 2026, Roberto Sánchez.
Cinco elecciones, cinco candidatos con perfiles ideológicos distintos, el mismo mapa. Lo que el sur vota no es un candidato; es una demanda. Una demanda estructural acumulada que tiene raíces en el despojo colonial, que Velasco no resolvió al redistribuir tierra sin valor productivo, que el modelo post-93 profundizó al dejar al sur fuera del milagro agroexportador, y que ningún gobierno desde entonces ha procesado con una agenda de desarrollo territorial real.
El sur andino llegó tarde a la democracia — el sufragio universal para los analfabetos recién se consagró en la Constitución de 1979, y las elecciones de 1980 fueron las primeras en las que el Perú real votó plenamente. Lleva ejerciendo ese derecho hace apenas cuatro décadas. Y en ese período breve, su comportamiento electoral es el más coherente y predecible del país. No es volatilidad ni caudillismo: es una deuda histórica que se expresa en las urnas porque no encuentra otro vía por la cual procesarla. Vale añadir un contraste que el artículo desarrollará más adelante: en el sur andino, la relación con el Estado militarizado durante los años ochenta y noventa estuvo marcada por la violencia contrasubversiva, los excesos y el trauma colectivo. El comunero andino muchas veces vio al soldado como un agente de agresión. En la selva, la experiencia fue radicalmente distinta; y esa diferencia tiene consecuencias electorales que perduran hasta hoy.
III. La selva vota con oportunidad
A diferencia de las identidades políticas estables que caracterizan al sur andino, el patrón electoral de la Amazonía peruana en el último cuarto de siglo se define por su naturaleza voluble y coyuntural. En esta región, el éxito político no responde a fidelidades ideológicas de largo plazo, sino a la implantación territorial; es decir, a la capacidad efímera de los actores políticos para articular redes locales, movilizar operadores distritales y capitalizar el descontento en cada ciclo electoral. En el año 2000, la selva — Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín — votó mayoritariamente por Alberto Fujimori. Los programas de asistencia social del régimen, la infraestructura básica y la pacificación nacional mantenían fuerte arraigo en esas regiones. En 2001, la misma selva viró hacia Alejandro Toledo: el discurso de descentralización y desarrollo de fronteras de Perú Posible capturó a Loreto, Ucayali y Madre de Dios. En 2006, giró hacia Humala: la demanda de soberanía sobre los recursos naturales y el rechazo a la desconexión estatal resonaron en territorios que se sentían ignorados por Lima. En 2011, Humala mantuvo San Martín y Ucayali dentro de su coalición.
A partir de 2016 el patrón se estabiliza en otra dirección: la selva vota por Keiko Fujimori con porcentajes sólidos. En ese año, Ucayali le dio el 59%, San Martín el 54.5% y Madre de Dios el 64.6%. En 2021 y 2026 el patrón se repite. Pero esa estabilización reciente no debe confundirse con la cohesión estructural del sur andino: es la consolidación de una red clientelar eficiente, no la expresión de una demanda histórica acumulada. Si esa red se debilitara o apareciera un candidato con mejor implantación local, el voto selvático podría moverse de nuevo.
Pero esa volatilidad no es uniforme en toda la región. Los datos de 2011 revelan un patrón distinto en la selva alta y el sur amazónico: Madre de Dios votó 69% por Humala, Amazonas 64%, San Martín 55% — cifras comparables a las del sur andino, no al patrón volátil de Loreto y Ucayali. La explicación es demográfica: Madre de Dios tiene un porcentaje altísimo de migrantes del sur andino que han llevado consigo su cultura política y sus agravios históricos. San Martín y Amazonas, conectadas vialmente con la sierra, desarrollaron dinámicas agrícolas comerciales y organizaciones sociales fuertes (rondas campesinas, comités de defensa) que generaron una identidad de agravio similar a la andina. El aislamiento geográfico extremo de Loreto y Ucayali — cuencas fluviales sin conectividad vial — explica su voto más fragmentado y transaccional. La selva amazónica no es homogénea: la selva baja fluvial sigue patrones distintos a la selva alta conectada.
La diferencia con el sur andino es fundamental. El sur andino vota estructuralmente igual, aunque cambien todos los candidatos, porque vota por una demanda independientemente de quién se presente. La selva vota al candidato con mejor presencia local en ese momento. Son dos lógicas electorales incomparables que solo parecen similares desde la distancia de Lima.
IV. Los cuatro motores del voto selvático
Para entender por qué el fujimorismo ha capturado la selva en los últimos tres ciclos electorales es necesario desagregar los motores de ese voto, porque no son uniformes en todo el territorio amazónico.
La memoria de la pacificación.
San Martín y Ucayali fueron escenario directo de la violencia de las organizaciones subversivas durante los años ochenta y noventa. La derrota de esa insurgencia bajo el gobierno de Fujimori fue vivida en esas regiones como un beneficio real y tangible —no como propaganda, sino como el fin de una amenaza cotidiana. Pero la memoria va más allá de la pacificación interna: en 1995, durante el conflicto del Cenepa, comunidades nativas de Amazonas y Loreto —awajún y wampis principalmente— entregaron a sus jóvenes para defender la frontera con Ecuador. La selva no solo fue escenario de la guerra: fue protagonista. Si bien desde una perspectiva crítica se denuncia que las poblaciones amazónicas fueron instrumentalizadas como carne de cañón y abandonadas tras el conflicto, en el plano simbólico el régimen fujimorista los condecoró como héroes. Esa retórica de reconocimiento patriótico tejió un vínculo duradero en el electorado de mayor edad. Para esta generación, el fujimorismo no se evoca a través de la corrupción de los vladivideos, sino como el gobierno que les devolvió la seguridad y validó la identidad nativa en la defensa de la soberanía nacional. El sur andino no tiene esa memoria —su relación con las Fuerzas Armadas durante los ochenta y noventa es, en muchos casos, la de víctima de la violencia contrasubversiva y no la del aliado patriótico.
Las redes clientelares heredadas.
El fujimorismo de los años noventa construyó una sólida presencia territorial en la selva a través de programas de asistencia social, obras rápidas de infraestructura y, crucialmente, los Núcleos Ejecutores de FONCODES. Alempoderar directamente a los líderes vecinales y apus locales para gestionar los presupuestos de sus propias escuelas o pozos de agua, el régimen creó un tejido de intermediarios comunitarios con un enorme capital social. Tras la caída del régimen, esta estructura organizativa y sus operadores locales sobrevivieron y se mantuvieron activos entre elección y elección. En territorios donde el Estado central es invisible y la política se procesa mediante favores concretos, esa red permanente tiene un valor electoral que ningún candidato sin estructura puede replicar fácilmente.
La economía informal y la permisividad regulatoria.
Regiones como Madre de Dios, Loreto y Ucayali, junto al sector selvático del VRAEM, albergan economías impulsadas por la minería aurífera informal, la tala ilegal y el narcotráfico. Lejos de ser marginales, estas actividades constituyen el principal sustento y dinamizador del empleo en comunidades enteras. En estos contextos de frontera, cualquier discurso político centrado en la reforma estructural, la fiscalización ambiental o la formalización rígida es percibido como una amenaza directa a la supervivencia local. Por el contrario, el fujimorismo, caracterizado por su pragmatismo económico y una histórica permisividad regulatoria, genera menos alarma en dichos territorios. Aunque en 2016 el electorado minero de Madre de Dios optó coyunturalmente por las promesas de flexibilización de PPK, el fujimorismo consolidó esa lógica de resistencia frente al punitivismo del Estado central en el resto de la Amazonía, alcanzando votaciones superiores al 60% en Ucayali y Loreto.
La fragmentación cultural.
La Amazonía peruana alberga decenas de pueblos indígenas con lenguas distintas, colonos llegados de la sierra en distintas oleadas migratorias, comerciantes fluviales, extractivistas y comunidades ribereñas con lógicas políticas propias. Esa fragmentación no es accidental: tiene una causa histórica precisa. La fiebre del caucho de fines del siglo XIX e inicios del XX —ejecutada por barones privados como Julio C. Arana a través de la Peruvian Amazon Company ante la total ausencia de un Estado que ni siquiera controlaba sus fronteras— desraizó, desplazó forzosamente y exterminó a etnias enteras de la selva baja. La lógica fue la del enclave extractivo más brutal: trabajo forzado, violencia sistemática, destrucción del tejido social y demográfico original. Lo que hoy se llama fragmentación cultural amazónica es, en gran parte, la secuela de ese etnocidio. Sin ese sustrato cultural común que el caucho destruyó, el voto amazónico no puede construir el tipo de bloque compacto y persistente que el sur produce elección tras elección. Y la economía del enclave extractivo —ahora ilegal, antes cauchera— sigue siendo la lógica dominante en la selva baja.
V. Dos pobrezas, dos Estados, dos votos
La comparación entre el sur andino y la selva amazónica revela algo que los análisis electorales convencionales raramente capturan: que la pobreza no es una categoría homogénea con efectos políticos uniformes. Dos territorios pueden compartir indicadores similares de carencia material y producir comportamientos electorales completamente distintos, porque lo que determina el voto no es el nivel de pobreza sino la naturaleza de la experiencia histórica con el Estado.
El sur andino vivió el Estado como despojo activo y organizado desde la Colonia — la mita minera, el desplazamiento a tierras improductivas, la hacienda, la reforma agraria que prometió y no cumplió, el modelo agroexportador que los dejó fuera. Cada intervención del Estado en el sur andino tuvo ganadores identificables que no eran los comuneros andinos. Esa acumulación de experiencias produce una desconfianza profunda hacia el orden establecido y una demanda consistente de ruptura que se expresa en las urnas desde que el sufragio universal llegó en 1980.
La selva vivió el Estado como ausencia cómplice. No hubo una reforma agraria que prometiera y fallara — hubo un reconocimiento territorial tardío y frío en 1974. No hubo haciendas que explotar sistemáticamente a escala regional porque la geografía selvática lo impedía. Pero sí hubo despojo: el de la época del caucho, brutal y sistemático, ejecutado por capitales privados ante un Estado que no controlaba su propio territorio. La diferencia con el sur andino es fundamental: allá el despojo fue estatal, burocrático e institucionalizado — la mita, la encomienda, la hacienda amparada por la ley. En la selva, el despojo provino de enclaves privados ante un Estado ausente. Esa distinción importa políticamente: el sur andino aprendió a desconfiar del Estado como perpetrador. La selva aprendió a desconfiar del Estado como cómplice que no estuvo cuando debía estar — y que cuando llegó, como en el Baguazo de 2009, vino a imponer por decreto el despojo de sus recursos. El gobierno de Alan García promulgó casi cien normas para adecuar la legislación al TLC con Estados Unidos sin realizar la consulta previa a los pueblos indígenas, facilitando la concesión de sus territorios a empresas madereras, petroleras y de biocombustibles. La respuesta fue una movilización histórica que terminó con treinta y cuatro muertos en la Curva del Diablo. Lo irónico y trágico es que aquellas leyes agresivas ni siquiera eran requisitos obligatorios en Washington, sino una justificación del Ejecutivo para forzar la privatización de las tierras. Tras la matanza, el Congreso derogó las leyes y el TLC siguió vigente sin contratiempos. La lección que la selva extrajo del Baguazo no fue ni ideológica ni izquierdista sino, estrictamente, pragmática: cuando el Estado llega, viene a quitarte lo que tienes. Esa lección refuerza, hasta el día de hoy, la preferencia por quien menos intervenga.
Los vacíos son políticamente capturables. Quien llegue primero con obras, con presencia, con redes locales y con una postura no amenazante hacia las economías informales que sostienen a las comunidades, tiene buenas probabilidades de ganar ese voto. El fujimorismo lo entendió en los años noventa y construyó la estructura para aprovecharlo. Mientras ningún otro actor político construya una presencia territorial comparable en la Amazonía — no solo en campaña sino entre elecciones — ese voto seguirá siendo capturado por quien ya tiene la red.
El sur andino, en cambio, es inmune al clientelismo político, debido a que su voto no responde a la presencia local del candidato, sino a la representación de una demanda estructural de larga data. Para transformar esta tendencia electoral no basta con la ejecución de obras; se requiere modificar el modelo económico que origina dicho descontento. Eso es incomparablemente más difícil.
El Perú tiene, entonces, dos electorados periféricos con pobrezas comparables y lógicas políticas opuestas. Entender esa diferencia no es un ejercicio académico: es la condición previa para cualquier política territorial que aspire a reducir las brechas que ambos mapas electorales llevan décadas señalando.
VI. Las rutas de salida
El corredor biooceánico China-Brasil, cuyo destino final es Chancay, atravesaría territorio amazónico peruano con Pucallpa como nodo logístico central. Si esa infraestructura llega bien gestionada —como ferrocarril de acceso controlado antes que como carretera convencional— Ucayali podría dejar de ser periferia para convertirse en corredor. La conectividad que el Estado nunca construyó llegaría, paradójicamente, empujada por los intereses logísticos de China y Brasil. La pregunta es si Perú sabrá negociar ese paso como activo, no concederlo como servidumbre.
Ni el grupo más pobre de la selva —comunidades nativas, ribereños, pequeños agricultores sin acceso a mercados— ni el grupo de economías informales e ilegales pueden seguir en la situación actual indefinidamente. Para los primeros, la ruta de salida es distinta de la del sur andino: no es reforma agraria sino conectividad fluvial, titulación efectiva de territorios comunales conforme a la Ley de Comunidades Nativas, y acceso a mercados para sus productos. No necesitan tierra —ya la tienen formalmente desde 1974. Necesitan que el Estado construya las condiciones para que esa tierra produzca valor que se quede en la comunidad.
Para el segundo grupo, la convivencia con la economía ilegal no es una opción sostenible. La minería ilegal ya es diez veces más grande que el narcotráfico, con operaciones sospechosas que alcanzaron los seis mil millones de dólares en 2025. Entre 2010 y 2019 se deforestaron ciento sesenta y nueve mil hectáreas de bosques solo en Madre de Dios. El impacto no es solo ambiental, sino estructural; se trata de una economía que atrapa a sus participantes en la informalidad permanente, sin seguridad social, sin crédito y sin patrimonio acumulable. El minero ilegal no es libre; es cautivo de una cadena de intermediarios criminales que se quedan con el margen entre el precio que él recibe y el precio al que el oro sale del país.
La experiencia comparada muestra qué elementos son necesarios para una formalización que funcione. El programa Oro Legal en Colombia, operado bajo la supervisión de USAID desde 2015 en Antioquia y Chocó, demostró un impacto real al combinar la formalización minera con la diversificación económica, impulsando proyectos de apicultura y la recuperación de suelos degradados. El enfoque más reciente profundiza esta estrategia: en lugar de la simple persecución, el Estado recupera el control de las zonas de explotación ilegal para otorgar contratos de concesión y áreas de reserva especial a cooperativas de mineros tradicionales. Esto se complementa con mecanismos como Ecodorado, una comercializadora estatal encargada de comprar el mineral a precios de mercado, desfinanciando así a las estructuras criminales que se lucran con el diferencial entre la economía ilegal y el circuito formal.
El mayor fracaso de diseño institucional en la experiencia comparada es el modelo del REINFO peruano: de ochenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro inscripciones, solo el 2.31% se ha formalizado efectivamente. El sistema está configurado para que estar al margen de la formalización sea más beneficioso que formalizarse, con requisitos excesivamente burocráticos y prórrogas que generan impunidad sin formalización real. Formalizar bien requiere tres condiciones simultáneas: requisitos graduales y accesibles, incentivos económicos que hagan rentable la legalidad, y presencia permanente del Estado en el territorio, no operativos episódicos seguidos de abandono. Sin las tres juntas, el minero ilegal racionalmente elige quedarse donde está. Y mientras el Estado no cambie esa ecuación, seguirá votando por quien menos lo amenace.
Conclusiones
El voto de la selva amazónica no es el espejo del voto del sur andino sino su contrapunto. Ambos territorios comparten carencias materiales severas y una relación deficitaria con el Estado central. Pero el sur andino tiene una memoria larga de despojo organizado que produce una demanda estructural persistente, mientras la selva tiene una experiencia de invisibilidad que genera un voto volátil, fragmentado y capturable por quien tenga mejor presencia territorial en cada ciclo. El fujimorismo ha sabido capturar ese voto selvático en los últimos tres ciclos combinando la memoria emocional de la pacificación, redes clientelares heredadas de los años noventa, permisividad implícita hacia las economías informales y una estructura organizativa que opera entre elecciones. Esa captura no es ideológica ni estructural; es organizativa. Y como tal, es reversible si aparece un competidor con igual o mayor implantación local.
Lo que resulta irreversible por medios organizativos es el voto del sur andino, porque ese voto no responde a redes sino a historia. Mientras el modelo económico siga produciendo la misma paradoja extractiva —territorio rico, población pobre— el sur seguirá votando como lo ha hecho desde 2006, independientemente de quién se presente. El otro voto, el de la selva, puede moverse. El voto del sur solo cambiará cuando cambie lo que lo produce.
