Leyes Declarativas que Aprueba el Congreso no tendría Mayor Impacto en el Sector

La gestión parlamentaria iniciada a mediados del 2021 lleva cientos de Leyes declarativas aprobadas por el actual Congreso de la República. Estas normas usualmente presentan en su encabezado “Ley que declara de interés nacional y necesidad pública”, esta denominación no tiene implicancia en la práctica por lo que no cobra mayor relevancia.

Bajo esta premisa, las normas dictadas por el Legislativo solo generan expectativas respecto de alguna obra pública que no se llegará a concretar, es decir, que no tiene carácter imperativo. Por lo cual colinda con otro aspecto de análisis que concluye con leyes ineficaces y escapa a la evaluación de políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo.

En ese sentido existen, actualmente, 9 proyectos de Ley de carácter declarativo del sector que están en agenda del pleno para que los 130 congresistas emitan su voto.

El primer proyecto que tendría validación y asumiría en orden prioritario sería la Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la ejecución de la doble vía y el asfalto de la carretera pámpano-Ticrapo-Mollepampa-Ticrapo-Castrovirreyna, departamento de Ica y Huancavelica.

Este proyecto se encuentra en Relatoría desde el 20 de abril del presente año y hasta el momento no existe fecha para que se debata en el pleno. Esta iniciativa es del congresista Doroteo Carbajal, de Acción Popular, quien representa a la región Ica.

Otro de los proyectos que estarían por aprobarse en el pleno sería sobre el mejoramiento y asfaltado de la vía de evitamiento de la ciudad de Huancayo. Lo mismo ocurriría con la ejecución de la carretera Izcuchaca-Mayocc de la Región Huancavelica.

Las expectativas también están fijadas en el Proyecto de Ley que declara de interés nacional y necesidad pública la revaloración y ejecución del Ferrocarril Sur, así como la del proyecto Tren de la Costa.

El hecho que una Ley lleve la connotación de declarativa es porque según la Constitución Política del Perú los congresistas solo pueden presentar iniciativas legislativas que no creen ni aumenten gastos públicos, pero bajo esta premisa surge la incertidumbre de ¿cómo ser eficaz con tal limitante?

Para fortalecer la deliberación de una Ley sería de imperiosa necesidad para el Congreso y para todos los ciudadanos que el Legislativo implemente una oficina de estudios económicos y presupuestales para dimensionar el real alcance de una norma y a sus beneficiarios. Contar con esta área especializada proporcionaría independencia en su análisis contribuyendo a que las políticas públicas sean sostenibles y permitiría legitimar el conocimiento técnico-político de los que ejercen esta función. El desarrollar nuevas oficinas constituye un reto institucional del Poder Legislativo.