EDITORIAL: JULIO, 2022

Durante el ejercicio del presente gobierno se está viviendo una profunda desinstitucionalización del país, que consiste principalmente en el copamiento de los puestos más decisorios y el desplazamiento y/o destitución de funcionarios de carrera, en los ministerios y principales instituciones, siendo esta una de las causas del decrecimiento de la inversión pública y de la ralentización del crecimiento de la economía, que ocurre principalmente, gracias al alto precio de nuestros minerales de exportación, y la apertura de sectores económicos parcialmente cerrados por la pandemia, pero que sin embargo, pronto podemos llegar a la recesión, sino se corrigen las deficientes políticas públicas.

Así por ejemplo, en el Ministerio de Transporte, no solo se ha ralentizado y postergado inversiones importantes (como la L3 del Metro), sino, que las pocas licitaciones que se llevan a cabo, están manchadas por actos de corrupción; además, los pocos anuncios de nuevas inversiones se trata de megaproyectos sin rentabilidad social, y que no están en el PNIC (ver articulo en presente edición sobre “Las incomprensibles y peligrosas priorizaciones de proyectos en el Ministerio de Transportes”). En el Ministerio de Energía y Minas, no se atienden los conflictos sociales, ocasionando la parada de producción, precisamente en una temporada de precios altos, perdiéndose la oportunidad de importantes ingresos fiscales; mientras que por otro lado, el discurso y comportamiento anti minero desalienta nuevas inversiones mineras, precisamente en el sector que más provee al país de ingresos para sustentar la inversión y el gasto público. En el sector educación, pareciera que no hubiera interés por alentar el rol de la SUNEDU en busca de incrementar la calidad de la educación; sino que además, se propone acciones que atentarían contra ello, como el ingreso libre a las universidades, sin un control previo de la selección de futuros alumnos. Y así, otros errores también se comenten en otras instituciones públicas.

Es tan abrumadora la constante desinstitucionalización, que aquellas instituciones ajenas al aparato estatal, como los colegios profesionales, debieran alzar la voz. Así por ejemplo, según la “Misión y Visión” del Colegio de Ingenieros (CIP), esta institución se supone que: “<em>orienta a la sociedad peruana en las grandes decisiones de desarrollo nacional, fomentando la práctica de valores, comportamiento ético de ingenieros, y elevando la calidad del desempeño de la ingeniería, para la institucionalización y formalización del país</em>”. Sin embargo, el CIP ha permanecido casi silente durante décadas, antes las malas decisiones del Estado en los procesos de implementación de la infraestructura que requerimos para nuestro desarrollo. Ahora más que nunca, es importante que el CIP alce la voz ante los atropellos contra el desarrollo del país, y los errores técnicos-económicos cometidos por el actual gobierno. Pareciera que la gestión actual del CIP-CDLima se estuviera desmarcando de la opacidad de anteriores gestiones, por lo menos, al advertir al MTC, de los errores que esta institución está cometiendo con el proyecto de la Autopista Central (ver carta del CIP-CDLima al MTC, en la presente edición).