LA ECONOMÍA DE LAS SOMBRAS

Este artículo forma parte de una serie sobre competitividad financiera y desarrollo económico en el Perú. En la entrega anterior se analizó por qué las tasas de interés se mantienen en niveles críticos a pesar de la estabilidad macroeconómica del país, y se identificó la informalidad laboral como uno de los factores estructurales que encarece el crédito para todos los peruanos.¹ Este artículo desarrolla esa variable con la profundidad que merece.

I. El tamaño del problema

Con una tasa de informalidad laboral del 70.2% según el INEI al cierre de 2025, el Perú lidera el ranking negativo de América del Sur —superando incluso a Ecuador (70.0%)— y se ubica a décadas de distancia de economías como Chile (25%) o Uruguay (22%). Pero la informalidad peruana no es un fenómeno uniforme: tiene rostros distintos según el sector, y cada uno requiere instrumentos distintos para ser abordado.

Lo que sí es común a todos los sectores es el costo. Un trabajador informal no cotiza en el sistema de pensiones, no accede al seguro de salud contributivo, no genera historial crediticio y no tributa. Para el Estado, representa una pérdida de recaudación que se estima en varios puntos del PBI. Para el sistema financiero, representa riesgo no cuantificable que se traslada a las tasas de interés. Para el propio trabajador, representa vulnerabilidad ante cualquier shock —enfermedad, vejez, crisis— sin red de protección.

La informalidad no es una elección irracional. Es, en la mayoría de los casos, la respuesta racional de agentes que calculan que el costo de formalizarse —en trámites, impuestos, regulaciones laborales— supera el beneficio de hacerlo. Cambiar esa ecuación es el núcleo del problema de política pública.

Cuadro 1. Diagnóstico de informalidad por sector económico

II. Minería informal e ilegal: el caso más urgente

La minería informal e ilegal es el sector donde la informalidad alcanza su expresión más grave, no solo en términos económicos sino en sus ramificaciones sobre la seguridad, el medio ambiente y la institucionalidad del Estado. Los números son de una magnitud que todavía no ha calado suficientemente en el debate de política económica.

En 2025, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE), se exportaron más de 104 toneladas de oro ilegal, por un valor estimado de US$ 11,500 millones —cifra 50% superior a la registrada en 2024 y equivalente al doble de lo que genera el narcotráfico, la trata de personas, la tala ilegal y la extorsión combinados. Para dimensionar la pérdida fiscal: una empresa minera formal tributa el 29.5% de sus utilidades por impuesto a la renta, más regalías mineras que oscilan entre el 1% y el 12% según el nivel de utilidades operativas, lo que lleva la carga fiscal efectiva a alrededor del 35-40% de las ganancias. La minería ilegal no deja absolutamente nada. Es la sustracción de un recurso que pertenece a todos los peruanos.

El problema tiene tres capas. La primera es económica: la minería informal funciona porque es rentable. No paga impuestos, no cumple estándares ambientales, no tiene pasivos laborales. La segunda es institucional: el REINFO —Registro Integral de Formalización Minera, el padrón oficial que permite al minero artesanal iniciar el proceso de regularización— ha procesado más de 86,000 inscritos desde 2017, pero apenas el 2.3% ha completado el proceso. Los sucesivos gobiernos han ampliado el esquema en 2019, 2021 y 2024 sin una estrategia articulada ni presencia estatal sostenida en los territorios. La tercera capa es criminal: la minería ilegal se ha fusionado con el crimen organizado en zonas como Pataz, La Libertad y Madre de Dios, donde las tasas de homicidio crecieron de 3.5 a 6.0 por cada 100,000 habitantes entre 2019 y 2024.

La formalización minera no puede seguir siendo un proceso burocrático que el minero artesanal debe completar solo. Requiere presencia estatal activa en territorio, asistencia técnica, acceso a crédito formal para reemplazar el financiamiento criminal, y una diferenciación clara entre el minero artesanal formalizable y la red criminal que lo captura.

III. Tala ilegal: la informalidad que destruye capital natural

La tala ilegal es menos visible que la minería en el debate público, pero sus cifras son igualmente alarmantes. Según la última medición cerrada del Osinfor —Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, entidad adscrita al Ministerio del Ambiente encargada de fiscalizar el aprovechamiento legal de los bosques—, el 47.7% del total de madera efectivamente comercializada en el país tuvo origen ilegal en 2023. Dicho de otro modo: casi la mitad de la madera que se vende en el Perú fue extraída sin título habilitante o fuera de los límites autorizados. Un 35% adicional de esa tala ilegal ocurre en espacios donde el Estado no tiene presencia efectiva.

En 2024, la deforestación amazónica aumentó un 13% respecto a 2023, representando la pérdida de 170,000 hectáreas de cobertura forestal. En los últimos 22 años, más de 3 millones de hectáreas han sido deforestadas en el Perú —el equivalente a once veces la ciudad de Lima metropolitana, o el 4.5% del bosque húmedo amazónico del país. Las regiones más afectadas son Ucayali, Loreto, San Martín, Huánuco y Madre de Dios.

El problema estructural tiene dos dimensiones. La primera: de los 13.5 millones de hectáreas categorizadas por el Estado como Bosque de Producción Permanente —denominación jurídica que designa las zonas de bosque destinadas legalmente a la extracción forestal sostenible bajo concesión, no una afirmación sobre la productividad del ecosistema— solo el 50% tiene derechos formalmente asignados. El otro 50% queda en un limbo jurídico que facilita la extracción sin control. La segunda: de los 15 millones de hectáreas de bosques titulados a comunidades nativas, menos del 20% opera bajo un plan de manejo forestal —instrumento técnico que establece qué árboles pueden cortarse, en qué volumen y con qué periodos de recuperación para garantizar la sostenibilidad del recurso—. Sin ese instrumento, la extracción es libre, insostenible e indetectable.

La solución pasa por completar la asignación de derechos forestales, hacer obligatorios los libros de operaciones electrónicos —hoy voluntarios según el propio Osinfor—, y fortalecer la capacidad de los gobiernos regionales como primera línea de fiscalización. La trazabilidad digital de la madera desde el bosque hasta el punto de venta es técnicamente posible y es el instrumento más eficaz para cortar la cadena de comercialización ilegal.

IV. Los otros sectores: una informalidad estructural

Narcotráfico y economía ilegal asociada

El narcotráfico merece mención separada porque, en sentido técnico, no es informalidad: produce un bien ilegal, no un bien legal fuera del marco regulatorio. Pero en la práctica opera como el financiador y el protector de la informalidad en los sectores más críticos. Financia la minería ilegal en zonas donde el Estado no llega, impulsa la deforestación para habilitar cultivos de coca, y captura a poblaciones vulnerables que de otro modo podrían ser formalizables. Ignorarlo en un diagnóstico de informalidad sería analíticamente incompleto.

Agricultura

Con una tasa de informalidad cercana al 94%, la agricultura es el sector que más distorsiona las estadísticas nacionales. Aquí la informalidad no es evasión deliberada: es el resultado de décadas de exclusión, fragmentación de la tierra, ausencia de servicios financieros rurales y falta de conexión con mercados formales. El pequeño agricultor no se formaliza porque el sistema no fue diseñado para él. Las políticas de titulación de tierras, acceso a crédito rural y fortalecimiento de cooperativas son las palancas relevantes en este sector —tema que esta serie analizará en una entrega específica.

Comercio al por menor

El comercio minorista informal —mercados, ambulantes, tiendas sin RUC activo— representa el segmento más numeroso de la informalidad urbana. Su característica distintiva es que opera con márgenes bajos, en economías de subsistencia, donde el costo de formalizarse supera frecuentemente el ingreso marginal que la formalidad generaría. El RUS —Régimen Único Simplificado, el régimen tributario de menor carga diseñado para pequeños negocios— cobra cuotas mensuales de S/ 20 a S/ 50 según el nivel de ingresos, lo que en términos absolutos no es elevado. El problema real no es la tasa sino el costo de cumplimiento: inscripción, declaraciones periódicas, posible fiscalización municipal, y la percepción —muchas veces fundada— de que ingresar al sistema activa una cadena de obligaciones de difícil salida. La digitalización de pagos abre aquí una ventana: Yape y Plin han generado rastros transaccionales de millones de operaciones informales que podrían, con el marco adecuado, convertirse en base tributaria y en historial crediticio.

Construcción y transporte

Ambos sectores comparten una característica: alta informalidad laboral en un contexto de alta visibilidad. Una obra sin licencia y un mototaxi sin habilitación son fenómenos que el Estado puede observar directamente, a diferencia de la evasión tributaria en el comercio electrónico. Eso los convierte en candidatos naturales para estrategias de formalización progresiva ligadas al acceso a beneficios concretos: seguro de accidentes laborales en construcción —sector con la mayor tasa de mortalidad laboral del país—, acceso a crédito vehicular formal en transporte.

Economía de plataformas digitales

La economía de plataformas digitales —también conocida como gig economy, término anglosajón que designa el trabajo por encargo a través de aplicaciones: delivery, transporte en app, freelancing digital, venta en marketplaces— es el sector de más rápido crecimiento de la informalidad. Sus trabajadores, en su mayoría jóvenes urbanos, operan sin contrato, sin seguridad social y sin historial tributario. No porque eludan el sistema deliberadamente, sino porque el sistema no tiene aún un régimen contributivo diseñado para ingresos variables, discontinuos y multiempresa. A diferencia de la informalidad agrícola o minera, aquí la infraestructura para la formalización ya existe: las plataformas tienen los datos de cada transacción. El desafío es crear el marco legal que los active.

V. Propuestas transversales: cambiar la ecuación

El error histórico de la política de formalización en el Perú ha sido tratar la informalidad como un problema legal —un incumplimiento que se resuelve con más fiscalización y más sanciones. La evidencia acumulada apunta en otra dirección: la informalidad es el resultado de un cálculo de costo-beneficio, y solo se reduce cuando ese cálculo cambia. Eso requiere actuar simultáneamente sobre los costos de formalizarse y sobre los beneficios de hacerlo.

1. Simplificación radical del régimen tributario para pequeños contribuyentes

El RUS y el Régimen MYPE Tributario tienen capacidad de absorber a millones de informales, pero sus umbrales, tasas y procesos de inscripción siguen siendo demasiado complejos para el trabajador independiente o el microempresario sin contador. La propuesta es una contribución proporcional a las transacciones digitales declaradas —no al ingreso estimado, que es imposible de verificar en la informalidad—, cobrada automáticamente por las plataformas de pago con costo de cumplimiento cercano a cero para el contribuyente.

2. Historial crediticio basado en comportamiento transaccional

La informalidad actúa como prima de riesgo universal en el sistema financiero: sin historial verificable, el banco no puede distinguir al buen pagador informal del mal pagador, y aplica tasas elevadas para todos.² La solución no es esperar a que se formalicen para darles crédito, sino construir el historial a partir de lo que ya existe: pagos de servicios, transacciones en Yape y Plin, compras regulares con tarjeta prepago. Colombia y México han avanzado en este sentido con resultados medibles. El Perú tiene la infraestructura de pagos digitales para hacerlo.

3. Presencia estatal territorial como variable crítica

La minería ilegal persiste en Madre de Dios. La tala ilegal avanza en Ucayali y Loreto. El comercio ambulatorio domina en los mercados de provincias. En todos estos casos, la variable crítica —la que determina si la informalidad avanza o retrocede— es la presencia efectiva del Estado en el territorio: fiscalizadores, técnicos, promotores de formalización, y servicios públicos básicos que hagan visible la diferencia entre operar dentro y fuera del sistema. Una norma publicada en El Peruano y no implementada en campo no formaliza a nadie. Cada sol invertido en presencia territorial tiene un retorno mayor que una nueva norma promulgada desde Lima.

4. Formalización vinculada a compras estatales

El trabajador informal no se formaliza porque no percibe un beneficio concreto e inmediato que justifique el costo. La estrategia debe invertir esa lógica. El Estado peruano ejecuta compras de bienes y servicios que superan los S/ 40,000 millones anuales a través del sistema de contrataciones públicas. Hoy, una parte significativa de esas compras —especialmente en gobiernos locales, mediante adjudicaciones directas y compras de menor cuantía— llega a proveedores informales o semiformales que facturan sin cumplir sus obligaciones laborales y previsionales. Vincular el acceso a ese mercado al cumplimiento de requisitos de formalización crea un incentivo inmediato y de alto impacto: quien quiera venderle al Estado, debe estar en regla.

5. Trazabilidad digital en los puntos de concentración del flujo comercial

En minería, en tala forestal y en comercio, la cadena de valor informal no es plana: tiene nodos, es decir, puntos de concentración donde confluyen múltiples pequeños operadores informales antes de que el producto llegue al mercado formal. El acopiador de oro que recibe el mineral de decenas de mineros artesanales, el intermediario de madera que consolida la producción de múltiples taladores, el proveedor del mercado mayorista que agrega la oferta de cientos de agricultores —todos son nodos. Fiscalizar a cada pequeño productor en el origen es costoso e ineficiente. Intervenir digitalmente el nodo —con sistemas de trazabilidad obligatoria, registros electrónicos, cruce con declaraciones SUNAT— es más eficiente, más difícil de eludir y tiene efecto multiplicador sobre toda la cadena.

6. Transferencia de tecnología como condición de la inversión extranjera

Existe una palanca que el debate sobre informalidad suele ignorar: la inversión extranjera directa como vehículo de formalización masiva. Cuando una empresa extranjera instala una operación formal en el Perú —una planta, un centro logístico, una operación minera de escala— genera empleo formal directo e indirecto, transfiere estándares de gestión y exige a sus proveedores locales niveles mínimos de formalización para poder contratar con ellos. El efecto cascada sobre la cadena de proveedores puede ser más poderoso que cualquier campaña de formalización gubernamental.

El megapuerto de Chancay y el corredor bioceánico que articula al Perú con Brasil abren una oportunidad concreta para negociar, como condición de las concesiones y contratos de operación, transferencias tecnológicas que eleven la productividad de sectores hoy informales —logística, manufactura, agroindustria. Un Perú que negocia activamente esas condiciones —como lo ha hecho Corea del Sur o Vietnam en distintas etapas de su desarrollo— puede acelerar la formalización de sectores enteros en plazos que la política tributaria sola no puede lograr. Es una herramienta de política industrial que el Perú tiene disponible y que hasta ahora no ha utilizado con sistematicidad.

VI. La informalidad y el crédito: el círculo que hay que romper

Reducir la informalidad en el Perú no es solo un objetivo de justicia social o de recaudación fiscal. Es una condición necesaria para bajar el costo del crédito, ampliar la base tributaria, atraer inversión de calidad y consolidar la institucionalidad del Estado. Los dos problemas —informalidad y tasas de interés altas— se retroalimentan: la informalidad encarece el crédito, y el crédito caro hace que la formalización sea menos atractiva porque el acceso al financiamiento formal no mejora sustancialmente la situación del agente que da el paso.

Romper ese círculo requiere actuar en ambos frentes simultáneamente: reformar el Banco de la Nación para que compita y discipline las tasas, atraer banca internacional vía Chancay, y al mismo tiempo construir las condiciones para que el trabajador informal tenga historial crediticio, acceso a servicios y un régimen tributario que no lo expulse del sistema antes de entrar.

No es un problema que se resuelve en un gobierno ni con una sola política. Pero sí es un problema que tiene soluciones conocidas, parcialmente probadas en otros países, y que el Perú tiene la capacidad técnica e institucional mínima para comenzar a implementar. Lo que ha faltado, hasta ahora, es la decisión política sostenida de hacerlo.

¹ Coll Calderon, Lourdes. «El laberinto del credito en el Peru: concentracion bancaria, informalidad y la ruta hacia la competitividad». COOVIAS, 2026.

² Este mecanismo se analiza en detalle en la entrega anterior de esta serie: «El laberinto del credito en el Peru» (COOVIAS, 2026).Este artículo forma parte de una serie sobre competitividad financiera y desarrollo económico en el Perú.