I. Una fractura que antecede a la república
En enero de 1839, en los valles de Áncash, el Ejército Restaurador derrotó a las tropas del boliviano mariscal Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yungay. Con la huida del Protector, se disolvió en pocas semanas la Confederación Perú-boliviana, el experimento político y económico más ambicioso del siglo XIX andino. Las fronteras se restablecieron y, aparentemente, se restableció el orden previo.
Pero nada, en realidad, se restableció. La Confederación (1836–1839) había durado menos de tres años, pero reveló con una claridad que ningún tratado posterior pudo borrar algo que ya existía antes de que Santa Cruz interviniera militarmente: el Perú no era un territorio homogéneo con un solo centro de gravedad económica. Era, al menos, dos mundos.
El norte y Lima articulaban su economía a través del Callao y las élites comerciales y burocráticas que gravitaban en torno a la capital. El sur, en cambio, organizaba sus propios circuitos económicos : lanas de alpaca hacia los puertos de Arica e Islay —este último, el puerto natural de Arequipa—, plata y aguardiente en redes que conectaban Puno, Cusco y Arequipa con el Alto Perú —la actual Bolivia— en una continuidad que las fronteras republicanas interrumpieron formalmente pero no suprimieron en la práctica: las rutas de arrieraje tenían siglos de existencia, la dependencia económica mutua entre los valles peruanos y las minas altiplánicas era total, y para las comunidades aimaras y quechuas de Puno, Cusco y La Paz, la nueva frontera era una línea dibujada en Lima o Chuquisaca que no alteraba sus vidas.
Santa Cruz no inventó esa fractura. La operacionalizó. Al dividir al Perú en Estado Nor-Peruano y Estado Sud-Peruano para dar forma a la Confederación, utilizó un bisturí político sobre una anatomía geoeconómica preexistente. Las asambleas que legalizaron la división en 1836 —la de Sicuani para el sur, la de Huaura para el norte— no fueron caprichosas. La del sur contó con apoyo genuino de las élites de Arequipa, Cusco y Puno; la del norte se realizó bajo la presión de las armas de la Confederación Perú-Boliviana, que había intervenido militarmente en las guerras civiles peruanas para imponer el proyecto. Esa asimetría de voluntades configuró el mapa temporal de la Confederación. El posterior colapso de la Confederación selló el orden geopolítico del siglo XIX, pero no resolvió la tensión de fondo. La consolidó.
La economía detrás de la guerra
La política de puertos libres de Santa Cruz fue, en términos geopolíticos, una declaración de guerra comercial antes de que existiera una guerra militar. Al decretar aranceles mínimos en Callao, Arica, Cobija y Paita, la Confederación convertía sus puertos en competidores directos de Valparaíso. Este puerto funcionaba como el gran entrepôt del Pacífico Sur: al ser el primer puerto relevante tras el Cabo de Hornos, los barcos europeos descargaban allí sus mercancías —textiles, herramientas, maquinaria— para redistribuirlas en embarcaciones menores hacia Perú, Ecuador y Bolivia. Todo el comercio del Pacífico pasaba por sus casas comerciales inglesas y chilenas. Con la nueva política confederada, los barcos podían ir directamente hacia los puertos del norte de Valparaíso, vaciando los almacenes chilenos. En Chile comprendieron que, si la Confederación prosperaba, ellos quedarían subordinados en el Pacífico. Detrás de la declaración de guerra de 1836 estaban también los intereses de la oligarquía terrateniente chilena, que dependía del mercado peruano como principal destino de sus exportaciones de trigo.
Las consecuencias internas, domésticas y estructurales también se sufrieron en el corazón financiero de la élite limeña. El Tribunal del Consulado de Lima —institución fundada en 1613 que decidía quién podía comerciar y bajo qué condiciones — perdió de golpe su razón de ser. Sin el monopolio del Callao no había precios cautivos, ni influencia política sobre el gobierno. Despojados de sus privilegios, los aristócratas limeños pusieron su influencia al servicio del proyecto restaurador chileno. La coalición que venció a Santa Cruz en Yungay no fue una alianza ideológica: fue una alianza de intereses económicos amenazados desde dos flancos distintos: el norte peruano y el chileno.
II. La paradoja extractiva: riqueza que no se queda
Para entender por qué la fractura persiste, es necesario examinar el patrón económico que la sostiene. El sur peruano ha sido históricamente una de las regiones más ricas del territorio en recursos naturales. Lo fue durante el Virreinato —plata de Potosí, lanas de los Andes del sur, cochinilla de Ayacucho— y lo sigue siendo en el siglo XXI, con los mayores yacimientos de cobre del país, las reservas de gas de Camisea y una biodiversidad sin par. Sin embargo, las poblaciones que habitan esa riqueza exhiben los peores indicadores de desarrollo humano del Perú.
Esta paradoja no es accidental ni reciente. Es estructural y tiene un nombre en la literatura de economía del desarrollo: enclave extractivo. Un modelo en el que la riqueza se extrae del territorio, pero los encadenamientos productivos, la generación de empleo calificado, el valor agregado y la recaudación fiscal se procesan y acumulan en otro lugar. En el caso del sur peruano, ese otro lugar ha sido, según el período histórico, Lima, Londres, Nueva York o las sedes corporativas de las grandes mineras multinacionales.
Un ejemplo modesto pero elocuente ilustra el mecanismo. En 1898, el empresario alemán Ernesto Günther fundó en Arequipa la Cervecería Alemana Günther & Tidow, con un capital inicial de dos mil libras peruanas. Diez años después abrió una sucursal en Cusco. Era, en rigor, la única industria manufacturera de escala en el sur andino durante la primera mitad del siglo XX. Hasta mediados de la década de 1990, la cerveza que producía —conocida luego como Cusqueña— se vendía casi exclusivamente en el sur y en pequeñas cantidades en bares y restaurantes de Lima de nivel socioeconómico alto. Una cerveza producida en Cusco era un artículo de lujo en la capital. En el año 2000, la empresa fue absorbida por el grupo Backus, que a su vez pasaría a manos del conglomerado multinacional AB InBev. El sur aportó el producto, la historia y el capital simbólico. La acumulación se fue a otro lado.
El patrón se repite a mayor escala con la minería. El canon minero, instrumento de la descentralización fiscal de los años 2000, transfirió a los gobiernos regionales del sur volúmenes significativos de recursos derivados de la explotación del cobre y otros minerales. En teoría, así se corregía el viejo institucionalismo limeño. En la práctica, los recursos llegaban a regiones con capacidades de gestión pública insuficientes para ejecutarlos: brechas en recursos humanos calificados, marcos normativos complejos, ausencia de carteras de proyectos maduras. El dinero se acumuló en cuentas del Tesoro regional sin ejecutarse o se gastó en obras de baja calidad y escaso impacto. La paradoja no se atenuó; se profundizó con otra capa de frustración institucional.
La descentralización fiscal sin descentralización de capacidades no redistribuye poder. Redistribuye la apariencia del poder, que es algo muy distinto.
III. El sufragio como termómetro tardío
Hay un dato que raramente aparece en los análisis electorales sobre el sur peruano y que es, sin embargo, el más relevante para comprender la naturaleza de su comportamiento político: el sur andino lleva apenas cuatro décadas votando plenamente.
El sufragio en el Perú estuvo restringido durante la mayor parte de su historia republicana. Votaban los hombres alfabetos, lo que excluía estructuralmente a la mayoría de la población andina en un país con altísimas tasas de analfabetismo rural. . el cambio decisivo llegó con la Constitución de 1979: el sufragio se extendió a los analfabetos, que en el Perú de entonces eran predominantemente los pobladores de las comunidades campesinas del sur andino. Las elecciones de 1980 fueron las primeras en las que el Perú real —toda su población adulta— pudo votar.
Esto significa que cuando los analistas hablan de la «tradición de voto» del sur, no están describiendo un fenómeno de cuatro décadas, sino de siglos. Y en esas cuatro décadas, el patrón ha sido extraordinariamente consistente: el sur vota de manera marcadamente distinta al resto del país, en especial a Lima.
En las elecciones de 1985, la Izquierda Unida de Alfonso Barrantes obtuvo el 25% del voto nacional y fue competitiva en diversas regiones, El sur era su núcleo duro, pero la izquierda era todavía una fuerza de alcance nacional, no exclusivamente sureña. En aquella década, la fractura geográfica existía, pero no era todavía la línea divisoria dominante del mapa electoral.
El punto de inflexión fue 2006, y no es casual. Esa elección se celebró en pleno auge del ciclo de commodities: el Perú crecía a tasas cercanas al 8% anual, impulsado por las exportaciones mineras del sur, pero ese crecimiento no se traducía en mejoras perceptibles de bienestar en las comunidades que lo sustentaban. Fue el momento en que la brecha entre riqueza generada y desarrollo local alcanzó su máxima visibilidad política. Ollanta Humala articuló por primera vez un discurso explícitamente dirigido a esa demanda, y el sur respondió de manera masiva. Desde ese año, en cinco elecciones presidenciales consecutivas, las regiones del sur han votado de manera compacta y consistente por candidatos distintos a los preferidos en Lima y el norte costeño. En 2006, Humala arrasó en el sur mientras Lima se inclinaba masivamente por Alan García. En 2011, Humala obtuvo el 30,9% nacional frente al 23,1% de Keiko Fujimori, siendo el sur su bastión más sólido, mientras que Kuczynski, tercero con el 19,6%, concentró su apoyo principalmente en Lima. En 2021, Pedro Castillo obtuvo en Puno, Cusco y Arequipa, solo en segunda vuelta, más de un millón ochocientos mil votos, contra una fracción de ese total para Keiko Fujimori.
Lo que resulta analíticamente significativo no es que el sur vote a la izquierda o al candidato antisistema de turno. Lo significativo es que lo hace con una coherencia geográfica que trasciende a los candidatos. El propio Humala es el ejemplo más elocuente: en 2006 era un militar nacionalista de retórica radical; en 2011 se había moderado hasta firmar la Hoja de Ruta y adoptar un perfil socialdemócrata. Su discurso cambió radicalmente, pero el sur lo siguió en ambas ocasiones, porque lo que votaba no era su ideología sino su promesa de redistribución. Castillo era un sindicalista rural de Cajamarca con un programa de asamblea constituyente. En 2026, el sur volvió a concentrar su voto en el candidato con mayor perfil redistributivo de la primera vuelta. Los contenedores cambian; la demanda es la misma.
Esa demanda no es ideológica en sentido estricto. Es estructural. Es la demanda acumulada de una región que lleva siglos generando riqueza para otros y que lleva cuatro décadas expresando esa acumulación a través del único canal institucional que le ha sido reconocido: el voto.
IV. Lo que el modelo no ha procesado
Desde 1980, el Perú ha ensayado varios instrumentos de política económica orientados, al menos en el discurso, a reducir las brechas territoriales. La descentralización fiscal de los años 2000 fue el más ambicioso. Sus resultados, como se ha visto, fueron decepcionantes no porque el instrumento fuera equivocado en principio, sino porque se aplicó sin resolver el problema previo: la ausencia de capacidades institucionales en las regiones receptoras.
El problema de fondo es más profundo que cualquier instrumento de política puede resolver en el corto plazo. El sur peruano no tiene una economía diversificada porque nunca la tuvo. Los encadenamientos productivos que podrían anclar la riqueza extractiva al territorio —manufactura, agroindustria, servicios de alta complejidad, formación de capital humano especializado— no se desarrollaron durante el período colonial ni durante el republicano. La minería llegó, extrajo y se fue. Las lanas se exportaron en bruto. El gas de Camisea se procesa en la costa y se exporta desde el Callao.
La paradoja de Cusco es quizás la más ilustrativa. Es hoy el segundo destino turístico más visitado de América del Sur, con flujos de divisas que superan los dos mil millones de dólares anuales. Pero la mayor parte de esa cadena de valor —agencias internacionales, aerolíneas, plataformas de reserva, hoteles de cadena— está controlada desde Lima o desde el exterior. El cusqueño que vende artesanía en el mercado de San Pedro captura una fracción marginal del valor total generado por el visitante que llega desde Tokio o Múnich.
La pregunta pertinente no es por qué el sur vota diferente. La pregunta pertinente es por qué habría de votar igual a una región cuyo modelo económico ha funcionado durante siglos en contra de su beneficio.
La respuesta a esa pregunta no pasa únicamente por la política fiscal ni por la descentralización administrativa. Pasa por una reconversión del modelo extractivo hacia esquemas que anclen genuinamente el valor en el territorio: encadenamientos productivos locales, formación de proveedores regionales, universidades e institutos técnicos con pertinencia productiva, infraestructura de conectividad que no solo extraiga recursos, sino que integre mercados internos. Pasa, en suma, por políticas de desarrollo territorial que el Perú ha enunciado repetidamente y ejecutado de manera insuficiente.
El mapa electoral del sur peruano no es una anomalía política. Es el termómetro más preciso que tiene el país para medir el grado en que su modelo económico ha fallado a una parte sustancial de su territorio. Mientras ese modelo no cambie de manera estructural, el termómetro seguirá marcando la misma temperatura, independientemente de quién gane la próxima elección.
Conclusiones
La fractura entre el sur peruano y el resto del país no es un fenómeno electoral reciente . Es la expresión contemporánea de una desarticulación geoeconómica que tiene raíces en los circuitos comerciales del Virreinato y que la Confederación Perú-Boliviana de 1836 reveló con una claridad que el tiempo no ha desmentido.
El voto del sur es coherente, persistente y geográficamente compacto porque responde a una demanda estructural, no coyuntural: el reclamo de una región que genera riqueza extractiva pero no la retiene, que recibe recursos fiscales, pero carece de instituciones con capacidad de convertirlos en desarrollo, y que lleva apenas cuatro décadas con acceso pleno al sufragio, tiempo suficiente para construir un patrón, pero insuficiente para ver resultados que lo modifiquen.
Las políticas de descentralización fiscal han demostrado ser necesarias, pero no suficientes. Sin encadenamientos productivos que anclen el valor en el territorio, sin formación de capacidades institucionales regionales, sin una infraestructura que integre mercados internos además de exportar materias primas, el sur seguirá siendo una economía de enclave con voz electoral.
La pregunta que el Perú debe formularse no es cómo ganar el voto del sur. Es cómo construir una economía en la que el sur no tenga razones estructurales para votar como lo hace.
