EL LABERINTO DEL CRÉDITO EN EL PERÚ

I. La paradoja de la estabilidad macroeconómica

El Perú es citado con frecuencia en foros internacionales como un caso de disciplina fiscal envidiable. Su inflación es controlada, su deuda pública moderada, y el sol —frente a la volatilidad que afecta a otras monedas de la región— ha demostrado una resistencia notable. La lógica indicaría que, en un entorno así, el costo del dinero debería ser bajo.

Sin embargo, quien se acerca a una ventanilla bancaria en Lima o en Arequipa para solicitar un crédito de consumo puede encontrar tasas que superan el 80 o incluso el 100% anual. Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), la tasa promedio en créditos de consumo alcanzó el 60.2% en 2025, mientras que en tarjetas de crédito llegó al 74.8%. Algunos emisores como Banco Ripley facturan hasta 101.4% anual. Esta contradicción no es accidental. Es estructural, y entenderla es condición previa para resolverla.

II. El oligopolio que nadie discute

El problema comienza con la arquitectura del mercado. El sistema de banca múltiple del Perú cuenta con alrededor de 20 instituciones activas, pero entre ellas cuatro —BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank— concentraron al cierre de 2025 el 82.3% de los créditos directos, el 82.5% de los depósitos y el 80.1% del patrimonio del sistema bancario, según estadísticas oficiales de la SBS. Solo el BCP concentra una participación de mercado del 33.4% en colocaciones.

Esta estructura oligopólica no es fruto de ninguna conspiración: es el resultado de décadas de consolidaciones, de barreras regulatorias implícitas y de la dificultad que enfrenta cualquier nuevo entrante para construir una red de distribución en un país con geografía tan accidentada. El resultado práctico es que los incentivos para competir vía tasas son débiles. Cuando cuatro jugadores comparten el mercado y conocen mutuamente sus estrategias, la competencia tiende a concentrarse en atributos secundarios —la app móvil, los programas de millas— antes que en el precio del crédito.

Aquí surge un dato que obliga a afinar el argumento: Chile tiene también alrededor de 18 bancos, y sus cuatro principales concentran aproximadamente el 75% de las colocaciones —cifra muy cercana al 82% peruano. La concentración bancaria, por sí sola, no explica entonces la diferencia de tasas entre ambos países. Lo que la explica es algo distinto: la presencia del BancoEstado, que compite directamente en el mercado minorista y actúa como disciplinador de precios sin necesidad de ningún decreto. Es el competidor con escala suficiente para que los privados no puedan ignorarlo.

Panamá ilustra el extremo opuesto: con más de 60 bancos activos, tasas de consumo de un solo dígito y niveles de concentración muy inferiores a los de Chile y Perú, confirma que la densidad de oferta sí baja tasas. Su condición de centro financiero internacional dolarizado amplifica ese efecto, pero el principio es el mismo: más actores compitiendo por el mismo cliente disciplina los precios. Lo que Perú puede replicar es el mecanismo chileno —un actor público con mandato competitivo que rompa el equilibrio oligopólico— y construir en paralelo, vía Chancay, las condiciones para acercarse al modelo panameño: atraer más banca internacional que profundice ese efecto. La tabla siguiente ilustra las brechas estructurales:

Cuadro 1. Comparativo regional del sistema financiero

* Fuentes: SBS (tasa promedio tarjeta de credito: 74.8% a dic-2025; credito consumo: 60.2%; Ripley llega al 101.4%). PBI per capita: FMI, WEO (World Economic Outlook) abril 2025. Informalidad Peru: INEI-EPEN (Encuesta Permanente de Empleo Nacional) 2025 (incluye agricultura). Informalidad Chile: OIT, Panorama Laboral 2025. Informalidad Panama: INEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censo) sept-2025 (poblacion ocupada no agricola); con metodologia comparable a Peru la tasa seria sensiblemente mayor. Las cifras de informalidad entre paises no son estrictamente comparables por diferencias metodologicas.

III. El espejo chileno: cuando el Estado compite sin estatizar

Existe un instrumento que varios países han empleado con eficacia para corregir esta falla de mercado sin recurrir a la estatización ni al control administrativo de tasas: la banca pública con mandato competitivo. Chile ofrece el ejemplo más cercano y más relevante.

El BancoEstado chileno no es un banco de fomento que financia proyectos productivos seleccionados por el gobierno. Es un banco minorista que compite directamente en el mercado masivo: otorga créditos hipotecarios, créditos de consumo, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a los mismos segmentos que atiende la banca privada. Cuando los grandes bancos elevan sus tasas hipotecarias, el BancoEstado puede lanzar campañas con condiciones preferenciales, forzando al mercado a ajustarse. No mediante decreto, sino mediante la lógica elemental de la oferta: si existe un proveedor más barato con suficiente escala, los demás deben acercarse a su precio o perder clientela.

Este mecanismo funciona como un regulador preventivo. No elimina la rentabilidad de la banca privada, pero introduce un techo implícito que la competencia de mercado, por sí sola, no ha podido establecer en Chile. La tasa promedio de crédito al consumo en ese país se sitúa entre el 15% y el 30% anual —menos de la mitad de lo que paga un peruano.

¿Qué puede hacer el Banco de la Nación?

El Perú tiene en el Banco de la Nación (BN) una institución que podría cumplir un rol análogo, aunque hoy su mandato es radicalmente distinto. El BN opera principalmente como agente pagador del Estado —salarios públicos, pensiones, cobros tributarios— y mantiene presencia en zonas donde la banca privada no llega. Tiene red, tiene infraestructura y tiene respaldo patrimonial del Estado. Lo que no tiene es autorización para competir en el mercado minorista de ciudades intermedias y grandes.

La propuesta no implica convertirlo en un banco universal de la noche a la mañana, ni comprometer recursos fiscales en una expansión desordenada. Implica algo más quirúrgico: dotarlo de facultades para ofrecer productos de crédito de consumo e hipotecario en los segmentos donde la concentración bancaria es más evidente, con la disciplina de una institución que debe ser financieramente sostenible. El efecto sobre las tasas no vendría del BN capturando el mercado, sino de obligar a los actores privados a responder.

IV. La informalidad: prima de riesgo universal

Sería irresponsable analizar el costo del crédito en el Perú sin mencionar la informalidad, aunque este tema —por su complejidad y sus implicancias de política pública— merece un artículo propio que abordaremos en esta serie.

Con aproximadamente el 70.2% de la fuerza laboral en condiciones de informalidad según el INEI al cierre de 2025 —la tasa más alta de América del Sur según la OIT, por encima incluso de Ecuador (70.0%)—, el sistema financiero opera con una información asimétrica severa. El banco no puede verificar los ingresos del solicitante, no puede confiar en el historial laboral y no tiene garantía sobre la regularidad de sus flujos de caja. Ante esa incertidumbre, aplica una prima de riesgo que encarece el producto no solo para el trabajador informal, sino para todos: la tarificación agresiva en los segmentos de mayor riesgo contamina la percepción general del mercado y eleva el piso de las tasas incluso para perfiles más solventes.

La reducción estructural de la informalidad —mediante simplificación tributaria, formalización del empleo, digitalización de pagos y construcción de historiales crediticios alternativos basados en comportamiento transaccional— tendría un efecto directo y sostenido sobre el costo del crédito. Pero ese es un proceso de largo aliento. Las reformas del lado de la oferta bancaria que se describen en este artículo pueden operar en paralelo, con resultados más inmediatos.

V. El bimonetarismo como ventaja subutilizada

En este debate suele aparecer, casi inevitablemente, la propuesta de dolarización. No es el camino. El Perú no va a dolarizar su economía, ni tiene razones estructurales para hacerlo —y hacerlo sería renunciar a uno de sus instrumentos de política monetaria más valiosos.

El Perú ha construido, a lo largo de décadas, algo que pocas economías de la región poseen: un sistema financiero plenamente bancarizado en dos monedas, donde el sol y el dólar coexisten con fluidez en depósitos, créditos, contratos y transacciones cotidianas. Esto no es un dato menor para el objetivo de atraer más oferta bancaria.

Para un banco internacional que quiera operar en el Perú, la arquitectura bimonetaria elimina una barrera crítica: puede captar fondos en dólares en los mercados globales —donde los costos son menores— y canalizarlos al sistema local sin enfrentar los controles de cambio que desincentivan la entrada de capital en otras economías de la región. No necesita reconvertir toda su operación a moneda local ni asumir riesgos cambiarios irresolubles. El sistema ya está diseñado para recibirlo.

Esta es la ventaja competitiva real del bimonetarismo peruano: no opera del lado del deudor doméstico —a quien el BCRP ha desalentado deliberadamente a endeudarse en dólares para reducir la vulnerabilidad cambiaria del sistema—, sino del lado del fondeo externo. Es una puerta de entrada para la liquidez internacional, y Chancay puede ser la razón que convoque a los bancos a cruzarla.

VI. Chancay: el catalizador inesperado de la oferta bancaria

El megapuerto de Chancay ha sido analizado principalmente en su dimensión logística y geopolítica. Menos discutida, pero igualmente relevante, es su potencial como catalizador de la competencia financiera.

Chancay no es el Canal de Panamá. Su modelo no es el de una economía de tránsito que genera rentas por el paso de mercancías entre océanos. Es un hub de exportación e importación orientado al comercio transpacífico, con vocación de articular a Perú —y potencialmente al corazón de Sudamérica— con los mercados asiáticos. Esa escala y esa orientación geográfica tienen una consecuencia financiera concreta: atraen a bancos que hoy tienen poca o ninguna presencia en el sistema peruano.

Los bancos asiáticos —chinos, japoneses, coreanos— que financian el comercio de sus propias empresas a escala global buscarán establecerse donde está el flujo. Si Chancay consolida su posición como nodo logístico del Pacífico Sur, esos bancos necesitarán cartas de crédito, líneas de financiamiento de comercio exterior, productos de cobertura cambiaria y capital de trabajo para las empresas que operan en su área de influencia. Eso implica abrir sucursales, solicitar licencias y entrar al sistema bancario peruano.

Cada nuevo banco que entra al mercado incrementa la oferta de capital disponible. A mayor oferta, mayor presión competitiva sobre las tasas. El efecto no será inmediato ni universal —los créditos de comercio exterior tienen una dinámica distinta a los créditos de consumo—, pero creará un precedente y un volumen de liquidez que puede derramarse hacia otros segmentos. Más importante aún, romperá la lógica de club cerrado que hoy caracteriza al oligopolio bancario peruano.

VII. Una agenda posible

Las tasas de crédito en el Perú no bajarán por decreto. Tampoco bajarán si se espera que el mercado se autoregule en un sistema con la concentración actual. Requieren una intervención inteligente, orientada a ampliar la oferta y a reducir los costos de información, no a controlar los precios. Tres líneas de acción emergen del análisis:

• Reforma del mandato del Banco de la Nación, para que pueda operar como regulador de mercado mediante la competencia directa en segmentos seleccionados —crédito hipotecario y de consumo en ciudades intermedias—, siguiendo el modelo BancoEstado de Chile. Sin estatizar, sin distorsionar, compitiendo.
• Aprovechamiento deliberado de Chancay como palanca para facilitar el ingreso de banca internacional, con regímenes de licenciamiento simplificados para bancos orientados al financiamiento de comercio exterior y a las zonas de influencia logística del puerto. A mayor número de actores, menor poder de fijación de precios de los cuatro grandes.
• Reducción de la informalidad mediante la construcción de historiales crediticios alternativos, basados en comportamiento transaccional —pagos móviles, consumos digitales, flujos de Yape y Plin—, que permitan al sistema financiero tarificar con mayor precisión el riesgo real de cada solicitante. Esta es la palanca de más largo plazo, pero también la de mayor impacto estructural. Será objeto de un artículo separado en esta serie.

Ninguna de estas medidas es suficiente por sí sola. Combinadas, pueden empezar a desmantelar el laberinto que hoy convierte el acceso al crédito en un privilegio antes que en un derecho.

Este artículo forma parte de una serie sobre competitividad financiera y desarrollo económico en el Perú.