Carretera Central y evaluación ambiental: Una institucionalidad en riesgo frente a decisiones fragmentadas
El debate actual sobre la ejecución de grandes proyectos viales en el Perú —en particular la Carretera Central— no puede entenderse sin mirar hacia atrás. La institucionalidad ambiental que hoy parece ser ignorada no nació por casualidad, sino como resultado de exigencias técnicas y financieras internacionales que marcaron un antes y un después en la gestión pública del país.
El origen: una exigencia internacional que modernizó al Perú
En 1994, a iniciativa del Banco Mundial, el Estado peruano se vio obligado a crear una unidad especializada de impacto ambiental en el sector transportes, como condición para financiar la reconstrucción de infraestructura vial tras años de deterioro. Esta unidad, adscrita al entonces programa de rehabilitación y reconstrucción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, marcó el inicio de una práctica que hoy debería ser incuestionable: ningún proyecto se ejecuta sin evaluación ambiental previa.
Este proceso fue acompañado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que junto al Banco Mundial financió miles de kilómetros de carreteras bajo estándares ambientales estrictos. Como resultado, el país no solo reconstruyó su red vial, sino que consolidó capacidades técnicas permanentes, como la Dirección General de Asuntos Ambientales de Transportes.
De la integralidad a la fragmentación: un retroceso técnico
El marco normativo posterior, reforzado por la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, establece con claridad que los proyectos con impactos significativos deben evaluarse de manera integral. Esta función recae hoy en el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, precisamente para evitar conflictos de interés sectoriales.
Sin embargo, lo que se observa en el caso de la Carretera Central genera serias dudas: la fragmentación del proyecto en tramos para su evaluación.
Esta práctica no es un detalle menor. La fragmentación:
- Impide analizar impactos acumulativos y sinérgicos
- Distorsiona la comparación entre alternativas de trazado
- Reduce la rigurosidad técnica del proceso de decisión
- Puede constituir una forma indirecta de eludir la evaluación ambiental integral
En términos técnicos, vulnera el principio de indivisibilidad del proyecto, reconocido en la evaluación ambiental moderna.
Alternativas ignoradas: el caso de la ruta por La Chutana
Uno de los aspectos más críticos es la aparente exclusión de alternativas técnicamente viables. Entre ellas destaca la propuesta impulsada por el Colegio de Ingenieros del Perú, que plantea una salida por la zona sur, conectando a través de La Chutana.
Esta alternativa presenta ventajas evidentes:
- Menor necesidad de tunelería compleja
- Reducción de riesgos geotécnicos
- Mayor integración territorial con el sur del país
- Potencial de desarrollo económico regional más amplio
En contraste, la propuesta actualmente impulsada —asociada a un diseño de alta complejidad con aproximadamente 35 km de túneles y viaductos— no solo incrementa el riesgo técnico, sino que eleva la inversión a niveles superiores a los 24 mil millones de soles, comprometiendo seriamente la sostenibilidad financiera del proyecto.
¿Dónde está la evaluación de alternativas?
Un Estudio de Impacto Ambiental detallado no es un trámite. Es un proceso de decisión. Y uno de sus pilares fundamentales es la evaluación comparativa de alternativas.
Si el proyecto ya avanza hacia una opción definida —como el caso del túnel Pariachi— sin que se haya culminado dicho proceso, se estaría vulnerando uno de los principios más básicos de la evaluación ambiental: la objetividad técnica.
Las consecuencias legales siguen vigentes
Como ya se ha señalado, el incumplimiento de estas obligaciones no es inocuo. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales previstas en el marco legal peruano —incluyendo el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Código Penal del Perú— son plenamente aplicables.
La diferencia es que hoy no parece haber voluntad para hacerlas efectivas.
Una advertencia desde la experiencia
El Perú ya aprendió esta lección hace más de 30 años, cuando los organismos internacionales condicionaron el financiamiento a la incorporación de estándares ambientales. Gracias a ello, se evitó la destrucción de patrimonio invaluable y se introdujo racionalidad técnica en la inversión pública.
Desconocer ese camino no solo es un error: es un retroceso institucional.
La Carretera Central no es cualquier proyecto. Es una intervención estratégica que definirá el futuro logístico y económico del país. Pero precisamente por eso, debe hacerse bien.
Sin evaluación ambiental integral, sin comparación real de alternativas y sin respeto a la institucionalidad, lo que está en juego no es solo una carretera. Es la credibilidad del Estado peruano.
Y esa, una vez perdida, cuesta mucho más que 24 mil millones recuperarla.
